La alcaldesa, María José García-Pelayo, negó ayer que el Gobierno local esté “regalando el agua” con la concesión administrativa del ciclo integral, argumentando que, de ser así, hubieran presentado ofertas “una multitud de empresas” y no sólo Aqualia.

El hecho de que únicamente se haya recibido la oferta de la compañía integrada en el grupo FCC significa que el pliego de condiciones “era muy duro”. “Si hubiera sido un pliego fácil o muy rentable, las empresas habrían venido en masa”, añadió.

Según la regidora, el pliego de condiciones “se alinea” con la ciudad, ya que “garantiza un servicio de calidad” y que los ciudadanos “no paguen más por ello”. Además, la plantilla de Ajemsa mantiene sus condiciones de trabajo, contemplándose además que la adjudicataria del servicio deba asumir anualmente inversiones por valor de un millón de euros o, lo que es lo mismo, 25 millones durante el periodo de la concesión.

A este respecto, recordó que “años atrás” se pidieron préstamos a favor de Ajemsa para invertir en la mejora de instalaciones “y no se invirtió nunca”.

El Gobierno local mantuvo ayer encuentros con los grupos políticos de la oposición, así como con el comité de empresa de Ajemsa, los alcaldes de las siete pedanías del término municipal y la federación local de asociaciones de vecinos Solidaridad. No acudieron a la reunión -a pesar de haber sido convocados- los miembros de la Coordinadora del Agua.

En estas reuniones, García-Pelayo invitó a todas las partes a estar presentes el próximo lunes 28 de enero en la apertura de los sobres presentados al concurso, mostrándose a disposición de estos colectivos para aclarar cualquier duda que pueda surgirles en estos próximos días.

Durante la reunión, el portavoz de IU, Joaquín del Valle, expresó su intención de participar en la Mesa de Contratación, explicándole la regidora que “se puede estar presente durante la celebración de la mesa pero no participar en ella”,  reiterando por tanto su invitación a que esté presente en la apertura de sobres del 28 de enero.

En el caso concreto de las pedanías, Guadalcacín, Torrecera y Estella del Marqués estudian la posibilidad de gestionar por su cuenta el servicio del agua; mientras que La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro del Guadalete dejarán la gestión en manos del Ayuntamiento matriz, tal y como han venido haciendo hasta ahora. Gracias a ello ingresarán la parte proporcional del canon de 80 millones que pagará Aqualia.