La Sala Constitucional de Costa Rica rechazó este miércoles el último recurso interpuesto por la empresa canadiense Infinito Gold para revertir la anulación judicial de una concesión para explotar oro en el norte de Costa Rica, en la zona fronteriza con Nicaragua.

"La Sala Constitucional resolvió por unanimidad negar de plano la acción, debido a que no cumplía un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta", señaló un comunicado del Poder Judicial.

El fallo es la culminación de una controversia de varios años entre la empresa minera y el movimiento ecologista de Costa Rica, que se opuso desde el principio a la operación del proyecto -conocido como Mina Crucitas- debido a que ocasionaría graves daños ambientales, incluida la destrucción de un bosque primario.

El proyecto preveía la extracción de un millón de gramos de oro en la zona, un negocio estimado en su momento en aproximadamente dos mil millones de dólares.

La explotación, que se hallaba congelada por decisiones administrativas, fue autorizada en 2008 mediante una declaratoria de "interés nacional" emitida por el expresidente Oscar Arias (2006-2010) y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

Tras una larga lucha en las calles y en los tribunales, el movimiento ecologista obtuvo un triunfo sin precedentes, al lograr que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara el decreto presidencial y la concesión a Infinito Gold en noviembre de 2011.

En reacción, la empresa presentó un recurso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2010 confirmó en todos los extremos la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.

Pocos días después, en un último esfuerzo legal, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de ese tribunal y de la misma Sala I, el cual fue resuelto este miércoles en lo que parece ser el cierre definitivo del largo litigio.

"Este es el cierre de veinte años de lucha de las comunidades de la zona norte, que nos dedicamos a combatirlo (el proyecto) y a exigir un desarrollo diferente y a evitar que sea destruida esa zona que es rica en mantos acuíferos y biodiversidad", declaró a la agencia AFP el diputado y ambientalista Claudio Monge.

Por este caso están siendo investigados por la Fiscalía General el expresidente Arias, el exministro Dobles y varios funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), un organismo estatal especializado, sospechoso de tomar decisiones contrarias a la ley.

Debido a la presión popular, el Gobierno de Laura Chinchilla emitió en 2010 un decreto que prohíbe todo tipo de minería a cielo abierto en el país.

Infinito Gold ha amenazado con plantear una demanda contra el Estado costarricense por más de mil millones de dólares por la anulación de la concesión del proyecto.

La minera pretende elevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo autónomo del Banco Mundial.