Mediante un proyecto de ley que será presentado el 9 de octubre en la Municipalidad, un grupo de ambientalistas propondrá que Paraná, capital de Entre Ríos, sea declarada “libre de termas”, debido a que afirman que son contaminantes y que dañan el medioambiente y la biodiversidad de la región.

En la provincia de Entre Ríos hay habilitados 15 complejos termales y se están estudiando 7 proyectos más, entre ellos uno en Paraná y otro en la localidad de Villa Urquiza, situada a 42 kilómetros al norte de la capital entrerriana.

“Más ríos, menos termas”, es una asamblea y movimiento que surgió de manera auto convocada y tiene por objetivo defender los espacios públicos, proteger la naturaleza y cuidar la salud humana, afirma el movimiento.

En una entrevista con La Gran Época, la activista y vocera de la asamblea, Jesica Musuruana, formuló que las termas provocan una contaminación directa al suelo y al agua y esto impacta en la salud de las personas porque se malogra justamente el agua dulce, la cual es designada para consumo de la sociedad.

La activista explicó que las concentraciones de sal y todos los metales se estarían arrojando al río, en lugares donde no estaban de manera natural, produciendo ese tipo de contaminación. “Se toma como indicador a los peces”, dijo refiriéndose a la mortandad de los mismos.

“Estamos apuntando a que haya una investigación en ese sentido”, agregó la activista y recalcó que es el Ente Regulador de Recursos Termales (ERRTER), el que tiene que controlar las termas y solicitar estudios interdisciplinarios que sean imparciales.

El organismo, según informó su portal, tiene entre otras funciones, la de asistir al Poder Ejecutivo, asesorándolo en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones de exploración y concesiones de explotación de los recursos termales y reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, explotación, preservación y evacuación del recurso termal.

Musuruana expuso que el proyecto del complejo termal de Paraná, que incluye un parque acuático en la Toma Vieja de la ciudad, viola leyes y ordenanzas, debido a que el lugar fue declarado “área protegida” y es considerado de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas.

Asimismo consideró que se podrían hacer diversas obras para incentivar el turismo, en las que no se necesita privatizar espacios públicos. Denunció además que en la ciudad se abandonaron algunos predios municipales para que la gente pierda interés en asistir y luego, según ella, estos serían privatizados.

“Para hacer este tipo de emprendimientos hay que hacer una consulta popular, que es a lo que se están negando, y por eso tuvimos tanto impacto y repercusión en la gente”, expresó la activista y comentó que se adhieren a la asamblea 36 organizaciones sociales, ambientales y estudiantiles, entre otras. “La participación de la gente fue increíble”, agregó.

“El gobierno no tenía licencia social para hacer la obra”. Se dijo a la gente ‘vamos a incentivar el turismo’,  pero lo que no se le dijo fue que a unos 1000 metros tiene la toma de agua potable, o sea los primeros afectados, aparte del río, van a ser los ciudadanos por la cercanía”, expresó Musuruana.

El Art. 19 de la Ley General del Ambiente, establece: “toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general”.

Estudio independiente

La activista comentó que a partir de un estudio elaborado por la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “la gente empieza a tomar conciencia a través de que ve el impacto directo a un nivel macroscópico”.

En el estudio se revela que en las cercanías de las termas hay sectores habitados, que utilizan agua de napa para consumo.

En ellos se encontraron elevadas concentraciones de sales en el agua, que no se registraban anteriormente. Esto puede deberse a filtraciones en roturas de las cañerías de extracción, o por la infiltración del agua salinizada.

“Es indispensable un estudio de impacto ambiental cuando se proyectan este tipo de emprendimientos. Se deben evaluar todos los costos y no solo considerar los ingresos por la actividad turística”.

Por otra parte expone que en la provincia de Entre Ríos, los suelos están muy agredidos y erosionados e igualmente se sigue con la tala de montes nativos, por lo tanto es indefectible “un manejo racional y planificado para preservar este valioso recurso”.

Derogación del decreto

A pesar de que el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri anunció, el día 7 de agosto, en diversos medios locales y frente a la Asamblea, que no se iban a hacer más perforaciones y que no se iba a construir el complejo termal en el predio de la Toma Vieja, el decreto 62/13 continúa vigente, por lo que las expresiones de protesta continúan.

“Estamos esperando el diálogo como quedamos en esa reunión pero como eso no ocurrió nosotros seguimos resistiendo”, expresó Musuruana. Una de las acciones de la resistencia, es acampar en la ‘Toma Vieja’ para evitar el desmonte y las perforaciones.

“Tenemos huerta, estamos refrescando el lugar y limpiando el basural, estamos construyendo una casa con botellas de plástico y barro con el fin de crear un aula verde y dar talleres para concientizar y reactivar el lugar”, explicó.

Asimismo comentó que en el transcurso de un mes reunieron más de 3500 firmas para solicitar la derogación del decreto que habilita a iniciar la exploración termal.

De igual manera resaltó que no quieren que la gente piense que están en contra del gobierno, pero sí instan a que el gobernador derogue el decreto y apuntan directamente a la ordenanza para que quede fijo, ya que explica que un decreto se puede volver a realizar.

Según Musuruana, la ordenanza para declarar a Paraná “libre de termas” podría replicarse en otras ciudades entrerrianas, por lo que van a realizar una campaña de difusión y van a llegar a otros lugares donde hay proyectos de termas, como la localidad vecina de Villa Urquiza, y a otros donde ya están en funcionamiento.

La activista señaló que, además de esa ordenanza, van a presentar otra para que se respeten los espacios públicos, la condición de área protegida de algunos, y en otros casos que se traten las problemáticas ambientales como por ejemplo el vertido y quema de basura en algunos predios que no deberían ser usados para tal fin.