San José, En Costa Rica se vive una crisis por el recurso hídrico, ejemplificada por los diversos problemas de escasez, contaminación y dificultad de acceso de varias comunidades pero, las personas conviven con esta crisis silenciosa.
Esos fueron parte de los puntos destacados por profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Cabrera, en su disertación “El derecho humano: acceso al agua” en la conferencia El derecho a un ambiente sano: acceso, perspectivas y desafíos en el siglo XXI, organizada por la maestría en Derecho público comparado Franco-Latinoamericano.
Un 68% de aguas fecales no se tratan en nuestro territorio, lo mismo ocurre con un 97,5% de las aguas residuales. Por otra parte, según el Informe del Estado de la Nación del 2012 se cuenta con un 98% de cobertura y un 90% de calidad.
El Informe del estado del agua en Costa Rica, emitido en el 2009 por un observador de las Naciones Unidas, destacó que, la gestión del recurso hídrico no está acorde a las necesidades de la población; no existe un claro y definido papel de las instituciones involucradas en el sector y falta control y coordinación de los rectores en el campo.
La Sala IV emitió un voto (8892-12) recientemente que estableció la obligatoriedad del uso de las matrices del Sistema Nacional de Riego y Avenimiento (SENARA), por casos vinculados con la vulnerabilidad y contaminación de los mantos acuíferos destacó Cabrera.
En Costa Rica el derecho humano al agua se encuentra definido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en su sentencia 4654-2003, además de los artículos 21 y 50 de la Carta magna.
El comité de Derechos económicos, sociales y culturales en su observación general 15 estableció que, “el derecho al agua se encuadra claramente como indispensable para garantizar la vida humana”. Aunado a esto, la Organización de las Naciones Unidas emitió un voto a favor en julio del 2010.
Además, el derecho humano al agua se encuentra amparado en la Convención de los derechos del niño, en la Convención sobre la eliminación de la discriminación hacia la mujer, en la Convención sobre personas con discapacidad de forma indirecta, entre otros instrumentos internacionales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 884 millones de personas no tienen acceso al agua y unas 2500 millones tienen dificultades con el saneamiento (alcantarillado). En África sub-sahariana se han perdido unos 443 millones de días escolares, esto representa un impacto económico del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).