San José, Un conflicto fronterizo, que mantiene las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua en un mínimo nivel, atizado además por sendas demandas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cumplió hoy tres años sin que se vislumbre una solución por la vía del diálogo.

El diferendo, propulsado por una invasión a un pequeño enclave ubicado en la margen derecha del fronterizo río San Juan que, según San José, realizó el ejército nicaragüense en octubre del 2010, ha recorrido además foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.

La disputa se originó hace poco más de tres años, luego de que Nicaragua impulsó un proyecto de dragado del San Juan, un río que le pertenece, pero sobre el que Costa Rica mantiene derechos de libre navegación con fines de comercio, al amparo de un tratado fronterizo firmado en 1858.

Costa Rica denunció el 21 de octubre del 2010 que Nicaragua estaba lanzando desechos, producto del dragado, a su territorio, en el sector de Isla Calero, donde actualmente ambos países se disputan un enclave de 2,5 kilómetros cuadros, conocido como isla Portillos.

Al día siguiente, tras verificar que un grupo de soldados de la vecina nación se acantonaron en el sector de Portillos, el gobierno costarricense envió a la zona fronteriza a un contingente de guardias civiles armados, a los que retiró poco después, para presuntamente evitar un enfrentamiento.

El caso saltó a la Corte de la Haya, un mes después, cuando el gobierno costarricense acusó a Nicaragua de haber cometido un grave daño ambiental en un humedal de interés internacional que existe en la región.

La CIJ convocó a las dos partes y el 8 de marzo del 2011 ordenó a los dos países el retiro de personal civil y militar de isla Portillos, mientras conocía el fondo de la demanda costarricense.

El tribunal hizo una excepción y fue permitir que expertos locales en materia ambiental, con el respaldo de la Convención Internacional sobre Humedales (RAMSAR), pudieran visitar el área en disputa para preservar los humedales existentes allí.

No obstante, Costa Rica elevó nuevas denuncias en las que acusó a Nicaragua de enviar a miembros de la juventud sandinista al enclave en disputa, "desoyendo" así la orden de la Corte.

Dos intentos, con el apoyo de Guatemala y México, para intentar una salida dialogada al problema, no rindieron frutos.

Luego del estallido del diferendo, los presidentes de ambos países, Laura Chinchilla de Costa Rica y Daniel Ortega de Nicaragua, se enfrascaron en una sórdida guerra verbal que atizó los sentimientos nacionalistas en sendos países.

Varios meses después de la denunciada invasión, el gobierno de Chinchilla ordenó la construcción de una ruta paralela a la frontera con Nicaragua y al San Juan. Nicaragua de inmediato intentó frenar el proyecto y acusó a Costa Rica de causar un "crimen contra la naturaleza" en la cuenca de la vía acuática.

Posteriormente, la Corte de la Haya decidió fundir una demanda nicaragüense por el caso de la llamada "trocha fronteriza" con la querella interpuesta meses antes por el Estado costarricense.

A comienzos de octubre Costa Rica denunció una nueva incursión de Nicaragua en el sector de isla Portillos, donde equipos de dragado construyeron dos canales artificiales para presuntamente desviar las aguas del San Juan al mar Caribe. Según Costa Rica, los trabajos se realizaron en su jurisdicción, isla Portillos, donde en el 2010 el ex comandante sandinista Edén Pastora había abierto un sendero en la selva con propósitos similares, según dicen las autoridades de San José.

En el contexto de las disputas fronterizas, Nicaragua también había acudido a la CIJ para solicitar derechos de navegación en el río Colorado, un brazo del San Juan que se desvía poco antes de la desembocadura, por suelo de Costa Rica. El intento no tuvo éxito.

Costa Rica volvió a la Haya hace pocas semanas para reclamar nuevas medidas cautelares contra su vecina, que también reclama isla Portillos, un enclave que los nicaraguenses llaman Harbor Head.

La corte escuchó los alegatos de los dos Estados la semana pasada y volvió a convocar a las partes a una nueva audiencia en noviembre.

El presidente Ortega ha invitado a su colega Chinchilla a dirimir, mediante el diálogo, el diferendo fronterizo. Pero San José insiste en que no se sentará a conversar mientras su vecino mantenga presencia en su territorio.

En estos tres años, las relaciones bilaterales se encuentran prácticamente en el congelador. Costa Rica incluso se abstuvo de designar embajador en Managua durante mucho tiempo.

Los roces fronterizos se agudizaron luego de que Nicaragua ganó una demanda a Colombia por los límites marinos, situación que según las autoridades de San José podría afectar el equilibro fronterizo marino con la vecina nación.

Según las autoridades costarricenses, Nicaragua está sacando a licitación para la exploración varios bloques petroleros que se encuentran bajo jurisdicción costarricense.

Y en medio de ataques verbales y los consecuentes contraataques, en julio el presidente Ortega añadió más sal a la herida al dejar abierta la posibilidad de que su país reclame como suya la provincia costarricense de Guanacaste, que representa una tercera parte del territorio de Costa Rica.

Rica en recursos turísticos y otras potencialidades, Guanacaste es una zona que se anexó a territorio costarricense hace 189 años. No obstante, en Nicaragua hay algunos sectores que consideran que es un enclave de unos 20.000 kilómetros cuadrados que les fue arrebatado en el pasado.

Pese a la acidez de las disputas fronterizas, los conflictos no afectaron aún el comercio bilateral. Costa Rica es uno de los principales exportadores de Centroamérica hacia la vecina nación, que a su vez provee numerosa mano de obra para labores agrícolas en suelo costarricense.

Debido a los conflictos armados que afectaron Nicaragua en el siglo pasado y a la carencia de empleo en la vecina nación, en Costa Rica residen unos 300.000 nicaragüenses.

Los reclamos desde ambos lados de la frontera han sido utilizados por las dos partes para tratar de desviar la atención de inconformidades sociales internas y hasta con fines político electorales, según opinan varios analistas.

En la reciente vista de la CIJ, Nicaragua admitió haber penetrado en isla Portillos en octubre pasado, pero dijo que se trató de una equivocación de Pastora, quien dirige el dragado en el San Juan, y ante lo cual ordenó el retiro inmediato de su personal de la zona. Costa Rica no le cree a Nicaragua y esta dice que nuevas medidas cautelares son innecesarias.