El Arenal era hace cuatro décadas una laguna en torno de la cual las comunidades indígenas quechuahablantes de la selva norte de Loreto solían pescar su alimentación diaria. Hoy es solo una especie de cama elástica de 1.600 m2 de petróleo mezclado con barro y animales muertos, pudriéndose a cerca de 40 grados de temperatura. Y lo peor: los nativos siguen pescando en el lugar.

Esta laguna contaminada es una de las tantas que están anexadas a la cuenca del río Pastaza, donde habitan más de diez mil personas pertenecientes a comunidades de pueblos Quechua, Kandoshi y Achuar, las tres etnias imperantes en las riberas de este afluente.

Pese a que en marzo el Gobierno declarara la zona en emergencia ambiental, el panorama no ha cambiado. Y es que 40 años de contaminación, cuya responsabilidad es compartida por Occidental Petroleum (Oxy) y Pluspetrol, no son algo que se pueda arreglar en seis meses. Incluso entre las comunidades muchos temen que no tenga solución.

Para llegar hasta aquí desde la capital se debe tomar un vuelo hasta Tarapoto, trasladarse hacia Yurimaguas e iniciar una travesía que implicará cruzar a contracorriente los ríos Huallaga, Marañón y Pastaza. Con suerte todo se hace en tres días. La otra opción es que Pluspetrol permita arribar al aeropuerto privado que tiene en Andoas, pero eso solo está reservado a los representantes del Gobierno o a los trabajadores de la compañía que tiene en sus manos el monopolio del tráfico aéreo en la zona.

Desde que el Estado peruano reconociera el impacto negativo de los 40 años de actividad petrolera en el Lote 1AB, declarando a la zona en emergencia ambiental, las comunidades nativas se agruparon en la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep) presidida por Aurelio Chino Dahua, y con cuya dirigencia el Gabinete tiene el compromiso de reunirse, lo que fue ratificado por el representante de la PCM Javier Macera en una asamblea en la zona.  

Sin embargo, la presencia de un "enviado especial de la PCM" no ha dejado satisfecha a Fediquep.

"Es como si nosotros le enviáramos a nuestro vicepresidente que no tiene capacidad de decisión. Queremos hablar con el jefe del Gabinete Juan Jiménez, con el ministro de Vivienda, la de Salud. Lo único que han hecho ha sido recoger nuestras agendas, pero también queremos que tomen decisiones, que se hagan responsables", expresó Chino Dahua al final de la asamblea realizada en la comunidad quechua Los Jardines, al lado de la planta de extracción petrolera.  

DIÁLOGO CON PLUSPETROL 

Algo que sí es reconocido como un adelanto, tan solo un primer paso, es que la compañía haya bajado al llano por primera vez para dialogar directamente con las comunidades. Esto a través de Alfredo Zúñiga, el gerente de relaciones comunitarias de Pluspetrol. Los puntos para tratar con la empresa son tres: compensación por el uso de tierras, remediación e indemnización por el impacto ambiental.

En lo único en lo que Pluspetrol y Fediquep están cerca de alcanzar un acuerdo es con relación a la compensación por el uso de tierras. Este tema está referido al pago que la empresa debe realizar por haber extraído petróleo o instalado pozos en terrenos pertenecientes a las comunidades nativas. Para esto se realizará un proceso de cotización bajo responsabilidad de una empresa valorizadora, cuya elección tiene como fecha límite el 19 se setiembre.

La posición de Pluspetrol es la de reconocer el pago por servidumbre (mano de obra) y el uso de tierras, en tanto que estas sean reconocidas como de propiedad de las comunidades afectadas. Esto fue admitido de esta misma manera por Alfredo Zúñiga.

Sin embargo, con relación a la indemnización por el impacto ambiental existe un entrampamiento, pues Pluspetrol inició sus labores extractivas recién en el 2000, por lo que en primera instancia no estaría dispuesta a reconocer los pasivos ambientales de casi 30 años de extracción a cargo de Oxy, la anterior concesionaria.

NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Lo único certero es que la síntesis de esta situación es una población indígena diezmada por inconmensurables niveles de contaminación en sus principales fuentes alimenticias: peces y animales del monte, así como los manantiales de agua.

Según cifras de Fediquep, tras un análisis realizado por Digesa a 13 comunidades, se detectó que solo una (Los Jardines) tiene piletas y pozos con agua potable, debido a que se nutre del campamento de Pluspetrol. Las otras 12 comunidades tienen sus fuentes contaminadas y nueve de ellas requieren un tratamiento urgente. Hablamos de cerca de diez mil personas bebiendo de agua con rezagos de hierro, aluminio y petróleo.  

Igual, los niveles de contaminación son bastante elevados en las quebradas, lagunas, ríos y suelos. Esto se ve claramente en la laguna Shanchococha, donde basta hundir un pedazo de madera sobre la superficie para que el petróleo que reposa bajo el agua empiece a burbujear. Esto de modo inevitable afecta a la población.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno ha emprendido una campaña que busca realizar exámenes toxicológicos en todas las comunidades de las cuencas del río Pastaza, a cargo de Censopas, órgano adscrito al Instituto Nacional de Salud.

"El estudio pretende saber si eso que está en el agua, en el suelo, en sedimentos o animales, ha pasado a ustedes. Si ustedes tienen algo de eso en su cuerpo, si están expuestos a metales pesados o expuestos a derivados de petróleo", fue lo que le dijo la directora de Censopas, Estela Ospina Salinas, a la dirigencia de Fediquep. Cuando intentamos entrevistarnos de manera particular con ella, luego de su participación en la asamblea de pueblos indígenas, se negó con poca cordialidad.

De momento, lo único que Censopas está en capacidad de diagnosticar es la presencia deplomo, fierro, manganeso, aluminio y TPH, un derivado del petróleo. Pero los monitoreos ambientales de Fediquep han encontrado otros metales en las zonas afectadas como cromo, bario, arsénico y cobre. Con relación a la presencia de mercurio, Estela Ospina aclaró que su diagnóstico también está contemplado en el plan que lleva a cabo Censopas.

FAMILIA AFECTADA

La prueba más palpable de la contaminación sobre las comunidades es la familia de Miguel Huamán, en Los Jardines. Este poblador es padre de cuatro niños, dos de los cuales están afectados por una extraña enfermedad que se expresa a través de manchas y heridas en la totalidad del cuerpo.

"Los que están enfermos son mis dos hijos mayores porque a ellos sí los alimenté de los pescados o la carne de acá de la zona, y todo estaba contaminado. Ya cuando nacieron mis dos menores he tenido más cuidado y solo los alimento con plátano, arroz o pollo que compramos", manifiesta Miguel Huamán, quien asegura no tener recursos para trasladar a sus hijos a otra ciudad para que puedan seguir un tratamiento.

La madre de los niños asegura que cuando fue a la planta de Pluspetrol para que los médicos de la compañía atiendan a sus hijos, estos solo le brindaron ampicilina y un analgésico en crema. A lo que aspiran es a ser atendidos por lo menos por la Dirección de Salud del Gobierno Regional de Loreto.

Este es uno de los tantos casos que se ven en las diferentes comunidades ubicadas a las riberas del río Pastaza, una prueba flagrante de los efectos de 40 años de contaminación y cuyas secuelas podrían repetirse en las siguientes generaciones de no llevar a cabo un plan efectivo de atención médica y servicios sanitarios.

Uno de los afectados es una niña de 11 años que se averguenza de exponer su rostro marcado por heridas. Cuando muchas de su edad planean quinceañeros, ella solo se pregunta por qué le tocó esa enfermedad, por qué no se ve normal. Hasta entonces, llora.

RÍO CORRIENTES EN EMERGENCIA 

La cuenca del río Pastaza no es la única que se encuentra afectada por la extracción petrolera en la zona. Las cuencas de los ríos El Tigre, Marañón y Corrientes también afrontan conflictos medioambientales con la compañía Pluspetrol.

De hecho el pasado sábado 7 de setiembre, las cuencas del río Corrientes fueron declaradas zona en emergencia ambiental por el Ministerio del Ambiente, ante la evidencia de la contaminación en dicho afluente.

Cabe mencionar que las comunidades indígenas que habitan estas cuencas están organizadas en federaciones que han emprendido, cada una por su cuenta, un proceso de diálogo tanto con la compañía extractora Pluspetrol como con el Gobierno.