Bogotá, El Gobierno colombiano consideró hoy contraria al derecho internacional la solicitud presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya (CIJ) para extender más alla de las 200 millas su frontera en aguas del Caribe.

En un comunicado difundido en esta capital, la cancillería, argumenta que la plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, prolongada hacia el oriente 200 millas náuticas, se une a la plataforma continental de la costa Caribe colombiana, extendida hacia el occidente y el archipiélago sanandresiano en unas 200 millas.

Tras señalar que la pretensión de esa nación centroamericana afecta no solo áreas concernientes a este país suramericano, sino también a otros como Panamá, Costa Rica y Jamaica, advierte que Colombia está preparada para hacer frente a tales aspiraciones.

El texto añade que el Gobierno las confrontará "con toda la determinación y el rigor que exige la defensa de los legítimos derechos colombianos".

Las autoridades nicaragüenses manifiestan, en tanto, que su solicitud es parte integral del proceso de definición de sus límites marítimos en esa área.

Se trata de un proceso cuya primera fase culminó, indican, con la sentencia dictada por la CIJ sobre el diferendo marítimo con Colombia, el 19 de noviembre de 2012.

La intención es que el Tribunal Internacional establezca el rumbo exacto de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las dos partes, más allá de los límites fijados hace casi un año por ese órgano judicial.

Este nuevo litigio tiene como propósito adicional concluir la definición de los espacios marítimos nicaragüense que limitan con los de Colombia en el mar Caribe, sin perjuicio de los derechos de terceros Estados, puntualiza el Gobierno nicaraguense.

En noviembre de 2012, la CIJ certificó la jurisdicción colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y sus cayos adyacentes y extendió la frontera marítima de Nicaragua unas 200 millas náuticas en aguas del mar Caribe.

El fallo de la Corte fue objetado desde un inicio por Colombia, que no lo aplicó, y contrató a la firma inglesa Volterra Fietta para pedir una revisión de la sentencia.