Pobladores tlaxcaltecas afectados por diferentes proyectos de urbanización y que han sido desestimados por las autoridades estatales, solicitarán al Tribunal Permanente de los Pueblos hacer la denuncia pública internacional en contra de las omisiones oficiales que han permitido la “devastación ecológica”.
Así lo manifestaron representantes de organizaciones ciudadanas que se oponen al tramo carretero de cuota Tlaxcala – Puebla, vía Xoxtla (Zacatelco y Zacualpan); el Libramiento Norte de Puebla que cruza por territorio tlaxcalteca (San Pablo del Monte, Tenancingo y otros); la instalación del gasoducto Tlaxcala (Panotla, Ixtacuixtla, Nativitas, Texoloc) – Puebla – Morelos para un proyecto energético; así como madres de familia afectadas por la alta contaminación del afluente Zahuapan – Atoyac, sobre todo de municipios de la zona sur de la entidad, representados en el Tribunal Permanente de Pueblos por Alejandra Díaz, de la Oficina de Apoyo para México de dicha instancia.
En conjunto, los inconformes aseguraron que han sido víctimas del saqueo de empresas privadas como Pimfra y la española OHL, incluso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que han cometido atropellos como la privatización de recursos naturales, apropiación de tierras, deterioro de terrenos de cultivo, contaminación de ríos y mantos acuíferos, o hasta poner en riesgo la vida de miles de personas.
Alejandra Díaz hizo hincapié en el hecho de que las denuncias recurridas ante los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, incluso ante tribunales civiles, no han tenido efecto y, por el contrario, “los casos han pasado inadvertidos y lo peor es que el derecho se utilice contra el propio sujeto del derecho, lo que exhibe la simulación de los supuestos representantes populares y quienes tienen que velar por los intereses de los ciudadanos, que por el contrario, responden a intereses particulares y de unos cuantos”.
Por ello, al señalar que dichos proyectos urbanos no representan el desarrollo de las comunidades por donde pasan y, en contraparte, propician su deterioro, es que organizarán en noviembre una pre audiencia sobre el tema de la “devastación ecológica” entre Puebla y Tlaxcala, para llevar las conclusiones al Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual si bien no es una instancia juzgadora, sí es de ética internacional desde 1979 y mediante ella ha sido posible conocer las atrocidades que gobiernos y otras instancias públicas o privadas han cometido a lo largo de las décadas.
Los ciudadanos organizados ofrecieron una rueda de prensa conjunta este miércoles en las instalaciones del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, que junto con otras agrupaciones civiles apoyan ese tipo de movimientos en defensa de diversos rubros como guerra sucia, impunidad, migración, trata de personas, violencia contra trabajadores, violencia contra el maíz, feminicidio, soberanía alimentaria, desinformación y censura, devastación ambiental y derechos de los pueblos, entre otros, que también son vigilados por el Tribunal Permanente que, en México, “intenta desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejercer el Estado mexicano para mantener en pie la política económica inoperante”.
