México, DF. La Secretaría de Relaciones Exteriores negocia con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo para resolver la disputa por la entrega de agua de los afluentes de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, luego que desde el pasado mes de mayo la disputa por el aprovechamiento del líquido se agudizó al presentarse graves sequías en el oeste de Estados Unidos y norte de México.

Hace 5 meses, 48 por ciento del área de los estados fronterizos con México sufrían sequía, que si bien es menor en casi 20 por ciento al territorio afectado por este fenómeno el año anterior, en muchas áreas las condiciones son más severas en 21013.

De acuerdo con informes del gobierno estadunidense, en México se calcula que 65 por ciento de la superficie sufría sequías antes de las tormentas tropicalesIngrid y Manuel, hecho que puede encontrar alguna solución tras el llenado de las presas que propiciaron estos fenómenos naturales. Sin embargo, la afectación del lado estadunidense puede llevar nuevamente a una crisis entre ambos gobiernos.

Un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), señala que en el caso de México 17 las de las 22 ciudades consideradas “importantes” por sus dimensiones y actividad económica, están localizadas en las zonas áridas. En estas ciudades se asientan 48 millones de personas.

Mientras que la Nacional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos ha señalado que en 2011-2012 Nuevo México tuvo la peor temporada de incendios forestales en la historia del estado y su población depende en 90 por ciento del agua subterránea, no los embalses o ríos, pero algunos pozos ya están secos; e inclusive la corriente del río Bravo ya es demasiado baja para los pocos lugares que dependen de él.

La distribución del agua de los afluentes fronterizos se determinó en el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Mexicanos y los Estados Unidos con el fin de obtener, mediante la cooperación mutua, una utilización más completa y satisfactoria; sin embargo, las variables hidrológicas y climáticas obligan a revisar este documento, señala el gobierno estadunidense.