WASHINGTON, (Reuters/EP) - El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes el recurso que había presentado por la petrolera BP para revisar el acuerdo que abrió la puerta a indemnizaciones millonarias para los damnificados por el vertido de crudo de 2010 en el golfo de México.

La empresa alegaba que este pacto, firmado en 2012, tenía lagunas al permitir que pudiesen cobrar negocios que no habían podido cuantificar sus pérdidas. BP sostiene que el administrador de los fondos designado por la Justicia, Patrick Juneau, estaba interpretando el documento de forma errónea.

En concreto, el recurso presentado por la petrolera británica planteaba la revisión de un apartado relativo a las pérdidas económicas de negocios privados. Según Juneau, 2.300 de los 4.250 millones de dólares pagados por BP han sido abonados a partir de estas cláusulas de indemnización.

El portavoz de BP, Geoff Morrell, ha reiterado la preocupación de la firma por la posibilidad de que puedan reclamar dinero empresas que no sufrieron ningún tipo de daño durante el vertido, el peor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos. "En nombre de nuestros accionistas, seguiremos reclamando investigaciones de reclamaciones sospechosas o inverosímiles y combatiendo el fraude", ha subrayado.

En sus alegatos, la empresa británica ha presentado varios casos sospechosos, como el de un hotel de Misisipi que cobró 450.000 dólares a pesar de llevar cerrado varios meses por un incendio o una residencia de Luisiana que recibió otros 662.000 dólares a pesar de que había cerrado antes del vertido.

Dos abogados de la otra parte, Stephen Herman y James Roy, han destacado en cambio la "enorme victoria" lograda en el Supremo y han confiado en que este rechazo judicial ponga fin a los "dos años de ataques" de BP contra "su propio acuerdo".

En la congestionada Malé viven, en menos de 2 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad de los 350.000 habitantes del archipiélago.

FRENTES ABIERTOS
Este pacto es ajeno a otros procedimientos como los cargos penales presentados contra BP y por los que la firma británica acordó pagar 4.500 millones de dólares en multas. La petrolera tiene ahora en enero otro juicio para determinar si debe pagar otros 18.000 millones por incumplimiento de la Ley de Agua Limpia.

BP creó un fondo de 43.000 millones de dólares para hacer frente a las disputas abiertas tras el vertido de abril de 2010, en el que también perdieron la vida once personas que trabajaban en la plataforma que explotó.