La población del municipio de Barillas – ubicado en el extremo norte del departamento de Huehuetenango -, es un ejemplo de organización y defensa del agua legítima, por estas razones han sufrido represión y persecución constante desde el año 2008 cuando llegó la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz a la región.

En Barillas viven mayoritariamente el pueblo maya Q’anjob’al, Mam, Chuj, Akateko, kiché, Kaqchiquel y también mestizo. También son parte de todo un movimiento que ha impulsado las consultas comunitarias, en donde han dejado clara su postura frente al modelo capitalista que privilegia el enriquecimiento a la vida y a la misma gente. La consulta comunitaria de Buena Fe en este lugar se realizó el  23 de junio de 2007 en donde la población dijo NO a la “explotación minera ni a los recursos naturales del territorio de Barillas” esto incluye el agua, los ríos, las cataratas, etc.

Terror y militarización: el escenario para terminar con la organización comunitaria

El extremo del escenario violento que se había estado construyendo alrededor de garantizar los intereses de esta empresa, se llevó a cabo el día 1 de mayo en plena fiesta patronal, cuando fue asesinado Andrés Pedro Miguel y quedaron muy malheridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo.

Un día después el gobierno anuncia Estado de Sitio, y sin que éste entrara en vigencia persigue y detiene a quienes se habían estado organizando y expresando democrática y legalmente a favor de sus propios derechos. Es así como son detenidos ilegalmente por civiles, nueve personas dentro de las cuales se encontraban líderes comunitarios, algunos de ellos solamente se encontraban paseando ese día 2 de mayo, pues eran días de feria.

Ellos son Saúl Aurelio Méndez, Antonio Rogelio Velásquez, Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel.

Sin ninguna garantía y violando todos los derechos humanos y legales, fueron llevados al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 de la capital, a más de 20 horas de distancia de sus hogares, donde les encarcelaron injustamente por ocho meses.

Pese a todos los argumentos del equipo de la defensa sobre la inconsistencia de los delitos que se les achacaban – atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica, coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público-; los fiscales del Ministerio Público – MP de Huehuetenango y la acusación particular a cargo de la empresa insistieron en los cargos.

Finalmente, el día 9 de enero de 2013, el juez de Santa Eulalia encargado del caso tuvo que declarar la libertad, pues las pruebas aportadas por el MP no podían demostrar las acusaciones

Entonces fueron felizmente recibidos por miles de personas en el parque central de Barillas y en sus comunidades, porque el pueblo mantuvo su oposición de manera organizada a las actividades de la empresa Hidro Santa Cruz y ellos regresaron como héroes de la lucha,  pese al continuo hostigamiento de la empresa y el Gobierno.

Esta acción judicial contra este grupo de barillenses que expresaron con libertad sus opiniones, posiciones y se organizaron frente a un proyecto hidroeléctrico por considerar que les afecta, se puede entender como un claro caso de represión de la lucha social, pues se tergiversó la ley para acabar por la fuerza con la organización comunitaria, convirtiendo a los comunitarios acusados en presos políticos.

Por segunda vez perseguidos y reprimidos

Pese a haber salido libres, ellos y sus familias no habían recobrado la calma: la situación de miedo, precariedad laboral e indefinición legal no se terminaría hasta que se cerrara el caso definitivamente.

Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López cuando se dirigían al cierre de su caso junto a los otros siete comunitarios, el 27 de agosto fueron detenidos por segunda vez en un operativo poco común al ingresar a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en la ciudad capital de Guatemala. Se les acusa de hechos gravísimos, nuevamente en un intento de deslegitimar las luchas comunitarias.

Sus compañeras de vida, son mujeres valientes que han denunciado y resistido ante el miedo, la intimidación y amenazas constantes. Manteniendo firme la dignidad y la lucha en defensa de la vida. El impacto para la vida de ellas, sus hijos e hijas y el resto de las comunidades es terrible y doloroso. Aún así mantienen la esperanza.

Algunos aspectos importantes a considerar

• El juicio contra dos trabajadores de la empresa fue resuelto de manera injusta pues no solo no se resolvió el asesinato del campesino Andrés Pedro Miguel sino que se trató de inculpar a quienes salieron heridos del atentado.
• Todavía hay personas con persecución política y órdenes de captura vigentes por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico.
• Está pendiente el cierre del caso 65-2012 también contra lideres comunitarios opuestos a la empresa, en la misma situación se encuentra el caso de Rubén Herrera.
• En Barillas la población se mantiene en resistencia mediante una toma pacifica ubicada en la Poza Verde iniciada el 7 de abril de 2013.
• No se han esclarecido una serie de violaciones de los derechos humanos que ha cometido la empresa española en contra del pueblo de Barillas.
• El conflicto por megaproyectos se ha extendido a toda la región norte del departamento de Huehuetenango sin que el gobierno haya mostrado hasta ahora voluntad de atender lo que la población pide: que se retiren las empresas de su territorio.

Hasta la fecha, las comunidades organizadas se encuentran en una situación de incertidumbre pues los conflictos sociales provocados por las empresas no terminan, en este caso una de origen gallego, Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. Por expresar sus opiniones la población es reprimida y perseguida. Aún está por resolverse el cierre de este caso.