Esta técnica, muy socorrida ya en Estados Unidos, sirve para extraer el gas shale de los mantos acuíferos pero, de acuerdo con ambientalistas, la mezcla química usada puede contaminar el agua.

España.- El gobierno de España enfrenta un conflicto que cada día crece más con el tema del fracking, nombre con el que se conoce a la extracción de gas pizarra o shale gas mediante la fracturación hidráulica.

Mariano Rajoy, titular del Ejecutivo, se inclina por esta práctica, mientras que cuatro comunidades (Cantabria, Navarra, La Rioja y Cataluña) ya lo han prohibido por considerarla “altamente peligrosa” para la salud de sus ciudadanos, debido principalmente a la contaminación del agua de los mantos freáticos.

De hecho, partidos (incluidos varios políticos del gobernante Partido Popular), plataformas ciudadanas, así como la organización ecologista Greenpeace han denunciado en reiteradas ocasiones los problemas que —aseguran— provoca el  fracking: contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, ocupación y destrucción del territorio, terremotos inducidos y emisiones de gas metano a la atmósfera.

Advierten que parte de las emisiones terminan alcanzando los pozos, los depósitos y la red de abastecimiento de agua potable. En resumen, afirman, los problemas que causa esta actividad son muchos más que los que resolvería. 

“Por si fuera poco, no resuelve los problemas energéticos del Estado ya que hace continuar con un sistema contaminante y dependiente de los hidrocarburos”, señaló Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace España.

Explicó que “en estos momentos hay la solicitud de 70 permisos en España para iniciar las tareas con el fin de saber si existen reservas de gas shale, o de gas mediante extracción del fracking, y estamos en espera de que no se lleven a cabo”.

El especialista español, sin embargo, lanzó la voz de alerta por lo peligrosa que puede resultar dicha práctica, sobre todo en la contaminación del agua, porque puede incluso llegar a provocar cáncer por los componentes tóxicos que recibe.

“La contaminación del agua es tal vez la más directa, la más visible, elfracking contamina los acuíferos, los mantos freáticos. Al perforar con esta técnica lo que hacen es cortar esos acuíferos, posteriormente para extraer el gas es necesario inyectar un cóctel químico que es altamente contaminante y que afecta a los ecosistemas y a la salud de las personas”, detalló.

“Estamos hablando de un cóctel químico poco estudiado que puede provocar desde alergias, afecciones pulmonares, al aparato digestivo, a los riñones y hasta cáncer”, aseguró Barea.

El gobierno de Rajoy está a favor del fracking y por ello aprobó el 1 de marzo de 2013 un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica. Será obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Solo 15 días después, el anteproyecto ya era proyecto de ley.

Desde el gobierno argumentan que España necesita un suministro de energía seguro, continuado, asequible y de bajo impacto ambiental para sostener su desarrollo económico. Por lo que asegurar ese suministro de manera eficiente y sostenible en un mundo en el que los recursos son cada vez más limitados es uno de los mayores retos a los que se enfrenta no solamente el país sino la gran mayoría.

Y subrayan que el gas natural no solo es el combustible fósil más limpio disponible en la actualidad sino que, a diferencia de otros combustibles fósiles en declive, sigue siendo abundante tanto en Europa como en otros continentes. Como consecuencia, constituye un componente vital del mix energético de España.

En este país el modelo energético se caracteriza por una alta demanda, aunque se ha ralentizado en los dos últimos años como consecuencia de la crisis económica, pero sobre todo por una dependencia exterior superior a 80%, muy por encima de la media europea. En este sentido, el potencial de obtener una fuente de energía técnica y económicamente viable a través de la exploración y explotación del shale gas es enorme, de acuerdo con el gobierno.

La Federación Española de Municipios y Provincias no piensa lo mismo y, apenas conocerse el proyecto de ley, trasladó su preocupación al ministro de Industria, José Manuel Soria. Para el colectivo, los estudios y/o práctica de fracking pueden perjudicar el medio ambiente de sus territorios y la salud de sus vecinos.

Casi un mes después, la respuesta de Soria fue tajante: “Este ministerio considera que esta técnica debe ser permitida” siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y las personas. Para tranquilizar a los municipios, añadía que las empresas deberán constituir seguros de responsabilidad civil “para hacer frente a eventuales incidentes”.

Además, el grupo del Partido Popular en el Congreso propuso la aplicación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades y Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. La oposición y las organizaciones ecologistas lo interpretan como el intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes.

Algunos de los países europeos que prohíben el fracking son: Francia, Bulgaria y Holanda; Alemania lo ha prohibido ya en parte de su territorio y Gran Bretaña está considerando hacer lo mismo.

La Comisión Europea tiene claro que no puede decir a los Estados miembros si deben investigar y extraerlo, pero sí considera “necesario” que exista una normativa común que fije cómo hacerlo para evitar los accidentes medioambientales producidos en Estados Unidos.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A finales de enero, Cataluña se convirtió en la cuarta comunidad autónoma en desafiar al gobierno de Rajoy. Los catalanes han prohibido el fracking. El Diario Oficial de la Generalitat (gobierno local) publicó la Ley de Acompañamiento de Presupuestos.

Incluyó una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

Cataluña se unió así a Cantabria, que fue la pionera y cuya prohibición ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional por el gobierno de Rajoy, Navarra y La Rioja.

El conflicto entre Ejecutivo y comunidades tendría como consecuencia que si el resultado de las exploraciones fuera positivo y se pidiera la explotación del gas, los gobiernos locales tendrán potestad de denegarlo.