Los impactos del cambio climático son inequívocos en todo el mundo, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más vulnerables, en particular las zonas costeras que concentran una gran cantidad de población y actividades

Los impactos del cambio climático son inequívocos en todo el mundo, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más vulnerables, en particular las zonas costeras que concentran una gran cantidad de población y actividades.

Hasta hace muy poco, la discusión se centraba en el impacto ambiental del fenómeno y solo recientemente se ha concentrado en los efectos económicos.

Desde el 2008,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) viene trabajando en estudios sobre los costos económicos del cambio climático en el área, porque este tiene enormes impactos sobre las actividades productivas de los países de la región.

Un estudio divulgado en el 2012, a propósito de la Cumbre Río+20, señala que Latinoamérica y el Caribe deberán afrontar daños anuales en el orden de los 100 mil millones de dólares hacia 2050, solo considerando mermas en los rendimientos agrícolas, la desaparición de glaciares, inundaciones, sequías y otros eventos provocados por el calentamiento del planeta.

En el texto El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono, preparado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Mundial para la Naturaleza, la CEPAL indica que América Latina y el Caribe producen solo el 11 % de las emisiones causantes del calentamiento global.

No obstante, los países de la región son especialmente vulnerables ante sus efectos, debido a su dependencia económica de las exportaciones de recursos naturales, a la existencia de una red de infraestructura especialmente sensible a los fenómenos climáticos, y a la presencia de áreas bioclimáticas críticas como la Cuenca Amazónica, el bioma coralino del Caribe, los humedales costeros y frágiles ecosistemas montañosos.

Como ejemplo, se citaba que en el Caribe una pérdida del 50 % en la cubierta de coral por el blanqueo de esos organismos costaría alrededor de 7 mil millones de dólares a las economías de la región.

La tesis, presentada por la CEPAL, destaca el vínculo con el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas públicas y las futuras restricciones a un desarrollo económico con alto grado de consumo de carbono.

Plantea la enorme importancia de los mecanismos para distribuir adecuadamente los costos del cambio climático y señala que el entorno internacional en que se desenvolverá la región sufrirá importantes modificaciones que llaman a la previsión en el ámbito del comercio y de las futuras inversiones.

Con la publicación, la CEPAL persigue el propósito, sobre todo, de llevar el tema a la atención de las áreas económicas de los gobiernos. Las decisiones presentes serán de enorme importancia en las responsabilidades futuras que deban asumir sus sociedades.

Asimismo, un reporte del Banco Mundial (BM) advierte que la erosión y salinización de los suelos y las inundaciones costeras serán solo dos de las muchas consecuencias negativas que traerá el ascenso del nivel del mar, afectando zonas densamente pobladas y en las cuales se desarrolla el grueso de la actividad turística, clave para la economía de los países caribeños, cuando el 70 % de la población vive en las costas.

En ese sentido, Naciones Unidas, a través de organismos especializados, insiste en que las autoridades deben tomar conciencia, para que desarrollen políticas públicas que permitan regular el tema desde la óptica del desarrollo sostenible, en tanto —sostienen— el asunto está íntimamente relacionado con el progreso de los Estados.

LAS DEFENSAS REGIONALES CONTRA EL CLIMA

Durante los últimos años, los países latinoamericanos y caribeños han activado distintos mecanismos y han realizado encuentros para tratar de identificar la forma en que, como vecinos, podrían concebirse mayores niveles de concertación y aplicar estrategias comunes de respuesta a los efectos que ya se manifiestan.

En enero de este año, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),  los jefes de Estado y de Gobierno establecieron la posición regional respecto al tema.

“Reconocemos que la naturaleza global del cambio climático requiere de la cooperación de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, en conformidad con la responsabilidad histórica de cada cual por este fenómeno, para acelerar la reducción global de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y la adopción de medidas de adaptación”, refiere el documento final de la cita.

Asimismo, se mostraron convencidos de que “el cambio climático es uno de los más graves problemas de nuestro tiempo” y expresaron su profunda preocupación por su creciente impacto negativo en los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en particular, que compromete los esfuerzos por la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.

A finales de abril pasado, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), al término de su VI cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en México, acordó una serie de medidas para la prevención de los desastres naturales que azotan la región, que solo en los últimos 20 años ha sido afectada por cerca de 150 huracanes.

Resolvieron integrar una plataforma de información territorial del Caribe como una herramienta tecnológica en materia de gestión de riesgo y protección civil.

Los países miembros de la AEC lanzaron, igualmente, la iniciativa sobre gestión de información global geoespacial, a fin de contar con datos confiables y oportunos sobre desastres naturales, para lo cual se invertirán cuatro millones 500 mil dólares.

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien encabezó la delegación de nuestro país que participó en el segmento de alto nivel, reiteró el apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr una mayor cooperación en la gestión para la reducción de desastres en la región y dijo poner a disposición de todos las modestas experiencias de la mayor de las Antillas.

La clave del éxito radica en anticiparnos, en predecir el fenómeno adverso y sus posibles impactos negativos, dijo.
Explicó cómo el transporte y la reducción del riesgo de desastres así como una articulación necesaria y consistente entre nuestros países, siguen siendo condiciones esenciales para asegurar la supervivencia frente a nuestra geografía y a fenómenos naturales como el cambio climático.

La prevención de los desastres naturales y la mitigación de sus efectos, constituyen un imperativo inaplazable para nuestros gobiernos, argumentó.

Nuestra experiencia demuestra la necesidad de un Sistema de Defensa Civil en el que se integren todas las instituciones y recursos de la sociedad para la protección de las personas, sus bienes y la infraestructura social y económica, refirió.

Díaz-Canel aseguró que Cuba ha trabajado en la actualización de los marcos institucionales y normativos para la reducción del riesgo de desastres a nivel local, en el perfeccionamiento de los sistemas nacionales y locales de alerta temprana y en la organización de las acciones de respuesta y recuperación.

Además, se realizaron estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres, con la valoración del impacto ambiental para lo cual se ha contado con la participación del potencial científico y tecnológico del país, apuntó.

Reveló la existencia de un Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático, así como que se cuenta con un Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costera para los años 2050 y 2100.

COOPERACIÓN CARIBEÑA

Con la ratificación de Granada, a partir del pasado 20 de abril entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales en la zona del Caribe, según informaron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de la AEC.

Aunque el documento lo firmaron los 25 países miembros de la AEC en 1999, ahora se cumple el mínimo de ratificaciones para su entrada en vigor, explicaron ambas dependencias en un comunicado conjunto.

El instrumento reconoce la vulnerabilidad de los Estados del Gran Caribe ante los desastres naturales y las consecuencias en salud y bienestar de la población, diversidad biológica, economía e infraestructura.

También detalla un marco en la formulación, financiamiento y ejecución de los programas para prevenir y atender desastres, según puntualizaron las dependencias federales.

Por su parte, los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) buscan implementar estrategias que garanticen el futuro desarrollo socio-económico y político de la región, así como forjar un frente unido para el financiamiento a fin de adaptarse al cambio climático.

Señala que las grandes potencias son las contaminadoras más grandes del mundo y  no colaboran con los pequeños estados insulares en desarrollo en su adaptación al cambio climático.

La comunidad del Caribe asegura que de-sempeñará un papel relevante en conseguir que la región, con aproximadamente 40 millones de habitantes, coordine un frente unido en el financiamiento climático.

Para ello acordaron el establecimiento de un grupo de trabajo sobre el tema y los pequeños Estados insulares en desarrollo para orientar a los negociadores de cambio climático del Caribe, sus ministros y líderes políticos con el fin de asegurar el posicionamiento estratégico del área en las negociaciones.