Miles de afectados siguen pidiendo justicia tres décadas después de la tragedia que aniquiló a dos generaciones

Madrid. El 2 de diciembre de 1984 la planta de la compañía química estadounidense Union Carbide en Bhopal, en el centro de India, expulsó por accidente gas cianuro al aire en el comienzo de una de las mayores catástrofes industriales de la historia; una catástrofe que, a día de hoy, ha dejado del orden de 25.000 fallecidos, según activistas -- unos 3.700 según el Gobierno indio-- y atroces secuelas entre una población que exige justicia, tres décadas después.

Y el daño sigue, porque a pesar del desmantelamiento de la planta miles de toneladas de material tóxico permanecen en el subsuelo, contaminando el agua potable de más de 50.000 personas de localidades cercanas, a la espera de que el Gobierno indio, ahora propietario del solar, se decida a iniciar las taras de limpieza o bien a denunciar de una vez por todas a Union Carbide, que pactó bajo cuerda una indemnización con el Ejecutivo indio --mucho menos cuantiosa que la exigida por las víctimas-- cinco años después del incidente y que, desde entonces, ha negado toda responsabilidad adicional.

Para India, la catástrofe de Bhopal supuso un golpe terrible a sus aspiraciones como sociedad capacitada para absorber daños derivados de la industrialización y las competencias de sus operarios de maquinaria cualificada. La propia Union Carbide ha denunciado que el diseño original de la planta contaba con las adecuadas medidas de seguridad, y que la expulsión del cianuro se debió a una negligencia de los trabajadores

SOBRE LA MEDIANOCHE
El incidente tiene su origen en una reacción química resultante de la entrada de grandes cantidades de agua en un tanque que contenía un compuesto químico llamado metil isocianato (MIC), fundamental en la fabricación del pesticida SEVIN. La reacción comenzó a vaporizar los contenidos del tanque, que se convirtió en pocos minutos en una olla a presión.

Poco después de la medianoche, la presión se hizo insostenible. La válvula de seguridad del tanque entró en acción y liberó una densa nube de gases tóxicos a la fría atmósfera. La diferencia de temperatura y una suave brisa hicieron el resto: el gas descendió a ras de suelo e invadió los suburbios cercanos a la planta, donde vivían cientos de miles de personas.

El impacto inmediato fue devastador", según Amnistía Internacional. "Entre 7.000 y 10.000 personas murieron en un plazo de tres días", de acuerdo con datos de la ONG, que cifra en más de 570.000 los afectados de hoy en día, teniendo en cuenta no solo a las víctimas de la catástrofe, sino a las de la contaminación del terreno en años precedentes, tal y como denuncian los activistas.

MUTILACIÓN
Según un estudio realizado por el Instituto Indio de Toxicología en enero de 2013, un área de 3,5 kilómetros cuadrados alrededor de la zona donde se encontraba la planta están plagados de productos químicos causantes de cáncer y malformaciones en los
fetos.

"Anemia, retraso en el período de las niñas, enfermedades de la piel dolorosísimas", enumera el activista Satinath Sarangi, de la ONG Bhopal Medical Appeal. "Pero lo peor es el número de niños que nace con malformaciones: miembros torcidos, daño cerebral, desórdenes músculo-óseos en al menos uno de cada cinco hogares de estas comunidades", según ha declarado a Reuters.

En otras declaraciones a 'The Hindu', Sarangi denuncia que los vertidos precedieron al escape de gas en más de una década. "Desde 1969 a 1977, Union Carbide vertió productos químicos en 21 fosas, la mayoría de ellas sin sellar. A pesar de los estudios realizados a lo largo de las dos últimas décadas, no existe todavía un plan para descontaminar ni el suelo ni el agua potable", ha lamentado.

Naciones Unidas se ha sumado a las críticas. El enviado especial sobre Derechos Humanos y vertidos tóxicos, Baskut Tunkat, ha denunciado que "cada día nacen nuevas víctimas de este desastre, y si no se limpia la contaminación existente, el número de afectados por el legado tóxico de Union Carbide seguirá creciendo junto a la responsabilidad económica que el Gobierno indio tiene para con las víctimas"

RESPONSABILIDAD
Union Carbide pactó con el Gobierno indio en 1989 una indemnización de 470 millones de dólares --inferior a los 3.000 millones solicitados por las víctimas--. Con este acuerdo, Union Carbide (ahora parte de Dow Chemical), cedía al Gobierno indio toda la responsabilidad de la limpieza de la planta y se desentendía de la expulsión del gas, del que se responsabiliza a los operarios indios.

El científico de Union Carbide, Themistocles D'Silva, concluyó en un experimento que intentó replicar las condiciones del incidente que la única manera de que tal cantidad de agua entrara en el tanque consistía en que alguien hubiera conectado directamente una manguera al depósito, en primer lugar. Después, ninguno de los empleados fue capaz de aliviar la presión trasladando el gas a depósitos adyacentes.

Así, "la tragedia de Bhopal no fue consecuencia de un fallo de los equipos, sino de un acto deliberado agravado por negligencias en la gestión y por el fracaso, en términos generales, a la hora de comprender que la seguridad de una planta química depende de trabajadores bien entrenados", ha declarado D'Silva al 'Sydney Morning Herald'.

La muerte en septiembre de este año del entonces consejero delegado de Union Carbide, Warren Anderson, ha dejado a las víctimas sin objetivo claro. Anderson fue el primer acusado por el caso y declarado posteriormente fugitivo por la justicia india. Las noticias de su muerte fueron recibidas con indignación por los afectados, que procedieron a escupir sobre fotos de su rostro. "Eligió vivir de manera inhumana hasta el final", declaró el actor y activista Martin Sheen durante una reciente visita a India.

Union Carbide, como ha hecho en otras ocasiones, se ha limitado a remitirse al acuerdo judicial pactado. "Si bien seguimos teniendo el máximo respeto y simpatía por las víctimas, opinamos que muchas de estas cuestiones que se están discutiendo hoy en día ya están resueltas, y las que quedan pendientes ya están en manos de a quienes les fueron asignadas", según hizo saber el portavoz Tomm F. Sprick en un comunicado a Reuters