Cientos de manifestantes se reunieron recientemente frente al Banco Mundial para repudiar a una empresa dedicada a la extracción de oro que estafó a uno de los países más pobres de América Central

Para los mineros, inversionistas y artesanos, pocas cosas son más preciosas que el oro. Sin embargo, para la vida humana, nada es más precioso que el agua.

Si no, pregúntenle a la gente de El Salvador.

Hace casi 30 años, la empresa Commerce Group Corp. con sede en Wisconsin compró una mina de oro cerca del río San Sebastián, en El Salvador, y contaminó el agua. Ahora, de acuerdo con Lita Trejo, una salvadoreña y trabajadora educativa que vive en Washington, DC, el río que una vez fue limpio ahora es naranja. Según nos contó, las personas que beben de este río contaminado con arsénico sufren de insuficiencia renal y otras enfermedades.

El 15 de septiembre, Trejo y más de 200 manifestantes, entre ellos inmigrantes salvadoreños, sacerdotes católicos, sindicalistas y ecologistas, se reunieron frente al Banco Mundial para apoyar el derecho de El Salvador de evitar que su río más grande sufra la misma suerte que el río San Sebastián. Este evento fue co-patrocinado por una serie de organizaciones, entre ellas el Instituto de Estudios Políticos, Oxfam América, la AFL-CIO, los Teamsters, Amigos de la Tierra, el Club Sierra y el Consejo de Canadienses, entre otros. Durante las últimas semanas han tenido lugar protestas similares en El Salvador, Canadá y Australia.

La minería de oro no es tan limpia y ordenada como muchos estadounidenses aprendieron cuando eran niños. Los oradores señalaron que las empresas de extracción de oro utilizan cianuro, que es una sustancia química tóxica, para separar el oro de la roca circundante, y que aquel luego se filtra en el agua y el suelo. Para ello utilizan grandes cantidades de agua en el proceso, un gran problema para El Salvador en particular, que ha sido descrito como “el país con mayor escasez de agua de América Central”. Enfrentados por un movimiento anti-minero de gran envergadura en el país, tres sucesivas administraciones salvadoreñas se han negado a aprobar nuevas operaciones de extracción de oro.

Ahí es donde la historia debería terminar. Pero está lejos de acabarse.

Una empresa minera canadiense-australiana, Oceana Gold, está demandando al gobierno salvadoreño por negarse a concederle un permiso de extracción de oro a su filial, Pacific Rim. Manuel Pérez-Rocha, un investigador del Instituto de Estudios Políticos, explicó la situación: “Oceana Gold le está exigiendo más de $300 millones de dólares a El Salvador. Ellos dicen, ‘Si ustedes no nos dejan operar en su país como queremos, nos deben pagar las ganancias que nos impidieron obtener’”.

Suena absurdo, pero es verdad: La compañía afirma que en virtud del Acuerdo de Libre Comercio de América Central, tiene el derecho de demandar al gobierno de El Salvador por haber aprobado una ley que amenaza sus finanzas.

El Salvador se defiende

El Salvador está ahora defendiendo ante el Centro Internacional para la Resolución de Controversias sobre Inversiones (ICSID), un poco conocido tribunal del Banco Mundial, su decisión de impedir que Oceana Gold/ Pacific Rim opere la mina "El Dorado" cerca del río Lempa.

Como varios manifestantes señalaron, la decisión de El Salvador se basa en la necesidad de proteger su limitado suministro de agua. Más del 90 por ciento del suministro de agua en El Salvador ya está contaminado, y más del 50 por ciento de los 6,3 millones de habitantes del país dependen de la cuenca del río Lempa para conseguir agua.

Francisco Ramírez, un salvadoreño que creció en Cabañas, la región donde la mina El Dorado operaría, habló con conocimiento de causa sobre esta realidad. “Si uno observa cómo están aquellos ríos que fueron contaminados en El Salvador, se puede ver que no quedan peces en sus aguas. Ni siquiera sapos, que suelen ser resistentes a ciertos niveles de contaminación, pueden sobrevivir. No queremos que la contaminación se propague”, expresó Ramírez.

Ana Machado, una salvadoreña miembro del grupo pro-derechos del inmigrante Casa de Maryland, otro co-patrocinador del evento, añadió: "El río Lempa es la fuente principal de bebida y una importante fuente de ingresos para la mayoría de la gente de mi país, incluida mi familia. Pescan allí. Limpian su ropa allí. Si la empresa contamina el río, la vida salvadoreña tal como la conocemos va a terminar”.

Otro inmigrante salvadoreño, organizador del evento y miembro de la Casa de Virginia, Lindolfo Carballo, vincula esta demanda a luchas más grandes por la soberanía y los derechos de los inmigrantes. "Este país creó instituciones para robarle de manera legal a su vecino del sur”, dijo, refiriéndose a las disposiciones de "libre comercio" que permiten a las corporaciones demandar a los gobiernos por las normas de seguridad pública que a ellos no les gustan.

"Y después de que nos roban nuestros recursos naturales, después de que contaminan el agua y la tierra, nos dicen que somos indocumentados, que somos 'ilegales', y que no tenemos derecho a estar en este país. No tienen derecho a echarnos de Estados Unidos si nos están robando los recursos que necesitamos para sobrevivir en nuestro propio país”, alega.

John Cavanagh, director del Instituto de Estudios Políticos, explicó el objetivo de la protesta: “Le estamos diciendo a Oceana Gold: ‘Abandonen esta demanda. Váyanse a su casa’. Al Banco Mundial le decimos: ‘Abandonen este tribunal injusto. Este tan solo profundiza la pobreza y pisotea la democracia y los derechos básicos’”. Cavanagh se comprometió a continuar presionando a la empresa para que dé marcha atrás, amenazando con que los manifestantes volverán al Banco Mundial en mayor número cuando el tribunal dicte su sentencia en 2015.