La ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, será la primera ciudad brasileña en utilizar agua tratada del alcantarillado para abastecer el consumo de parte de sus 1,1 millones de habitantes.

En concreto el 7% de la población de uno de los municipios más importantes del Sudeste de Brasil, y sede de la prestigiosa universidad Unicamp, se beneficiará de la medida extrema para lo que será necesario la construcción de un sistema de tratamiento de 12 millones de reales, debido a que en la actualidad las aguas tratadas no son aptas para el consumo humano.

El proyecto, realizado en asociación con el aeropuerto de Viracopos, que ya utiliza agua tratada para sus servicios de limpieza, contempla la construcción de una canalización de 19 kilómetros de extensión para llevar el agua de alcantarillado tratada en la Estación Productora de Agua de Reutilización (EPAR) hasta el área de captación del río Capivari.

"Los técnicos garantizan que el agua tratada que sale de la estación es más limpia que la del propio río Capivari", afirmó el secretario de Comunicación de Campinas, Luiz Guilherme Fabrini.

Gracias a ese volumen, el río elevará su capacidad en 290 litros por segundo y podrá aumentar hasta 600 litros la capacidad del río Atibaia, que junto al Capivari suministra de agua a 5,5 millones de habitantes.

Por su parte, el alcalde de Campinas, Jonas Donizette, aseguró que la medida "elimina el olor" y "aumenta la oferta de agua en el área de captación con al agua tratada que es en un 99% agua pura".

Ya el gobernador reelecto de Sao Paulo, Geral Alckmin, rechazó la posibilidad de desviar el cauce del río Paraíba para fornecer de agua las reservas de Cantareira que suministran agua a la mayor ciudad de Sudamérica y declaró que "Sao Paulo no puede tomar decisiones unilaterales".

Esto se debe a que alterar el curso del Paraíba afectaría al suministro al estado vecino de Río de Janeiro, una posibilidad que ya se aplicó con el río Jaguari el pasado marzo y le costó un enfrentamiento con el entonces gobernador, Sérgio Cabral, que se denunció la situación al gobierno de Rousseff e incluso amenazó con llevar el caso a la Justicia Federal.