En EE.UU. se inicia la etapa final del juicio que interpuso la minera Pacific Rim contra El Salvador. La disputa se debe a que el Gobierno salvadoreño prohibió a la compañía explorar una mina de oro y plata debido al impacto ambiental.

Para apoyar al país centroamericano, decenas de manifestantes se han concentrado en las inmediaciones del edificio del Banco Mundial, donde se ubica el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) en Washington. 

Pacific Rim promovió la demanda contra el Estado salvadoreño en el año 2009 por una suma de más de 300 millones de dólares. La firma solicitó una licencia para la explotación aurífera en el norte del país centroamericano en el año 2004, pero el Gobierno salvadoreño rechazó la petición. La minera considera que no se cumplieron sus derechos de inversionista y demanda la compensación por ganancias de explotación no percibidas. 

El Salvador argumenta que para extraer oro y separarlo de la roca se requiere cianuro, un proceso que habitualmente conlleva la contaminación de los acuíferos y otras fuentes de agua. 

"Tienen derecho a tomar agua limpia. Su soberanía esta violada por una compañía como Pacific Rim, que ha sido vetada de extraer oro por contaminar uno de los mayores recursos de la gente del Salvador", dijo a RT uno de los manifestantes de Washington. 

"En esta coyuntura en la que nos encontramos hoy en día con todo este tema de los fondos buitres queriendo hacer unas demandas exorbitantes a Argentina se puede temer que se siente un precedente en el que una vez más determinados tribunales internacionales regidos por el sistema económico neoliberal vuelvan a fallar en contra de los intereses de los pueblos del sur", advierte el analista político Jorge Capelán.