A cuatro meses de que se debió elegir al nuevo concesionario del servicio del agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla, el gobierno federal detectó tres lagunas jurídicas en el proyecto de privatización que podrían llevar al fracaso del mismo. Es de tal gravedad este asunto que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le advirtieron directamente al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que si no funciona el modelo que está impulsando, las consecuencias negativas serán para todo el país.

Tal advertencia se dio durante una comida realizada en Casa Puebla, en la que estuvieron presentes Rafael Moreno Valle Rosas, junto con sus secretarios de Finanzas e Infraestructura, Roberto Moya Clemente y José Cabalán Macari, respectivamente, y el director nacional de la Conagua, David Korenfeld Federman, junto con varios funcionarios de alto rango de esto organismo.

De acuerdo con la versión que este tecleador pudo obtener, en ese encuentro se puso en evidencia que el modelo de privatización que está impulsando el gobierno de Puebla no es igual a los que ya se han aplicado en otras ciudades del país y el principal defecto que enfrenta es que solamente se cuidó la parte financiera, es decir cuánto va a costar la concesión y los ingresos que podría obtener la empresa ganadora de la licitación, pero se descuidó totalmente que el proyecto se apegue a las normas rectoras de los sistemas hidráulicos de México.

Como si fuera un examen por oposición, se dice que durante la comida David Korenfeld Federman, de manera cordial, pero con sentido crítico, formuló tres preguntas básicas al gobernador y sus dos secretarios ahí reunidos, que habrían sido más o menos en el siguiente sentido:

Les cuestionó acerca de quién va a pagar por la explotación de los aprovechamientos de agua, ¿el gobierno, el concesionario o el Soapap?

También les pidió que le aclararan que cuando la Conagua imponga algún tipo de sanción, como es el caso de que se hagan descargas de agua residuales en lugares prohibidos ¿a quién se va a sancionar?

Un tercer aspecto es que la Conagua hace cobros a los gobiernos en materia de agua y ese dinero se le regresa para que se hagan obras hidráulicas exclusivamente, más aparte les entrega subsidios para dar acceso a la población a la distribución del líquido. En ese sentido les habría preguntado: ¿en el caso de Puebla, a quién se le va a transferir esos recursos?, al mismo tiempo que observó que esos fondos no se le pueden dar a una empresa privada.

Al final David Korenfeld les habría expuesto que él no encontró respuestas en lo que se conoce del proyecto y por ende les solicitó a los representantes del Poder Ejecutivo estatal responder a esas dudas.

Ni Roberto Moya ni mucho menos José Cabalán le pudieron ofrecer respuestas satisfactorias a Korenfeld y dieron muestras claras de que no tenían detectadas dichas fallas jurídicas.

La relevancia de que haya sido Korenfeld quien los cuestionara es que no es un funcionario más, sino es un experto en la materia, ya que fue alcalde de Huixquilucan, fue secretario de Agua y Obra Pública del estado de México, se encargó de los temas hídricos desde el periodo de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta lo que va de la administración federal, y ha sido presidente, entre otros organismos, de la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana de la capital, de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamientos de las Américas.

Un azorado Roberto Moya Clemente de inmediato le pidió a Korenfeld, frente a todos los presentes, que lo antes posible le diera una audiencia para analizar el proyecto y buscar corregirlo.

La respuesta del director de Conagua fue contundente: sí estaba dispuesto, pero la condición es que le muestren el contrato original que se le concederá a la empresa que gane la licitación, pero sin reservarse información, pese a la existencia de las cláusulas de confidencialidad que le ha impuesto al documento.

Les explicó que el “mundo hidráulico” tiene puesta su mirada en lo que va a pasar en Puebla, ya que el modelo que se quiere utilizar no es igual a otros que se han aplicado en el país o en Latinoamérica, por tanto esa atención internacional se puede traducir en que si falla el sistema de concesión de Puebla se podría perder la confianza en México en materia de proyectos hidráulicos.

Y esa situación obligaría a los órganos del Estado mexicano a entrar a arreglar las fallas de la concesión de la capital poblana, toda vez que es su obligación garantizar a la población el derecho al agua.

Esa atención internacional hacia Puebla –les habría dicho– se ha acrecentado por dos razones adicionales: la primera es que la empresa que ya se sabe que se hará cargo de la privatización del agua ya formó un holding con capitales españoles y colombianos para poder enfrentar el costo financiero de hacerse cargo del servicio de agua potable en la capital poblana.

Y la segunda, porque al inicio del gobierno de Moreno Valle se le quitó a la empresa Degremont el manejo de cuatro plantas tratadoras de aguas residuales, y resulta que todo aquello que pase con empresas galas en materia hidráulica tiene repercusión internacional por una razón de peso: Francia es el país rector en materia de privatización de agua potable y de municipalización del mismo servicio.

En el caso de Degremont la empresa ha iniciado un litigio internacional por considerar que hubo un abuso en su contra, lo que da un mal precedente al gobierno de Puebla.