El gobierno del estado logró en 2014 la privatización del servicio de agua potable en cinco municipios, incluida Puebla capital, a favor de la empresa Concesiones Integrales, lo que ha provocado incrementos de casi 400 por ciento en el costo del suministro hídrico y el inicio de una disputa jurídica entre los usuarios y la compañía que continúa hoy en día en tribunales federales.

Los ciudadanos han solicitado la protección de la justificación a través de juicios de amparo, de los cuales 60 derivaron en la suspensión provisional de los pagos, mientras en dos casos más los perjudicados lograron la reconexión del servicio que el consorcio les cortó como sanción por incumplir las cuotas.

En cada litigio los promoventes denuncian inconsistencias en la aprobación de las nuevas tarifas que aplica la concesionaria del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), aprobadas en marzo por el Congreso local, así como anomalías en el concurso que abrió ese órgano descentralizado de la administración estatal para ceder la administración del agua a la iniciativa privada.

Concesiones Integrales tiene ocho meses de operaciones en Puebla y es una firma que se encuentra conformada por las empresas Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), las cuales participaron en la licitación del Soapap para hacerse cargo del suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.

Detrás de esa fachada se encuentra Monex, empresa que se vio involucrada en la triangulación de recursos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y que ahora es responsable del fideicomiso de inversión que maneja los recursos de Concesiones Integrales, así como Grupo Financiero Interacciones, cuyos directivos –herederos del polémico ex funcionario federal Carlos Hank González– han reconocido a medios nacionales de comunicación que son operadores de la concesión de agua potable en el estado.

Acciones furtivas

La privatización del servicio hídrico es un proyecto del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que se echó a andar a partir de diciembre de 2012 con la expedición de la Ley del Agua para el estado de Puebla, en la que se creó el andamiaje jurídico que permitió el ingreso de la iniciativa privada en el sector.

El plan no se descubrió hasta septiembre de 2013, cuando una reforma enviada por el mandatario local a la normativa proponía que el gobierno definiera la tarifa del servicio hídrico, a través del Soapap, sin requerir la intervención del Poder Legislativo del estado. Los diputados avalaron la propuesta el 12 de ese mismo mes.

Tras el escándalo mediático que provocó la aprobación de la iniciativa, el titular de la primera magistratura del estado envió al Congreso local en noviembre una enmienda para eliminar esa disposición incluida en el artículo 118 bis. También recibió el respaldo de los representantes populares.

La modificación no hubiera sido posible de no ser por los amparos que tramitaron cientos de personas contra la ley.

Pocos días después, el 7 de noviembre, la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo denunció que la derogación del artículo 118 bis no fue suficiente para eliminar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del Agua, porque los diputados mantuvieron las fracciones IV y IX del artículo 31 que permiten la “contratación discrecional” de empresas privadas.

Mientras el tema se debatía en tribunales y en medios de comunicación, el 18 de septiembre el Soapap lanzó la licitación de sus servicios y durante cinco meses ocultó el nombre de la empresa ganadora.

Objetivo: incrementar las ganancias

En medio de la incertidumbre sobre la firma que tendría el control de la red de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento, el gobierno estatal, por conducto del Soapap, envió al Congreso una nueva estructura tarifaria el 13 de marzo pasado.

La iniciativa se aprobó con el voto en contra de los diputados del PRI y el PVEM, quienes advirtieron que la aplicación de las tarifas incrementaría el costo del servicio. El coordinador del partido Verde, Juan Carlos Natale López, aseguró que el objetivo era aumentar la recaudación anual de 600 millones de pesos a 800 millones de pesos, lo que representa un aumento de 33 por ciento.

Uno de los mecanismos que incluye la estructura tarifaria para elevar los ingresos es la instalación de medidores, cuyo costo para las personas que dan al servicio un uso doméstico rondará de los mil 257 pesos a los 33 mil 384 pesos, según el diámetro de la toma autorizada.

La estructura, además considera ajustes mensuales con base en diversas variables, entre las que destaca el costo de la energía eléctrica, el salario mínimo y el “consumo, expresado en pesos”, de todos los servicios que actualmente brinda el Soapap y que, más adelante, serán responsabilidad de la compañía que asuma la concesión de los mismos.

Amparos en contra de incrementos

El impacto de la estructura jurídica que el Estado creó ex profeso para que la iniciativa privada asumiera las actividades del Soapap se hicieron sentir en mayo con la emisión de los primeros recibos a cargo de Concesiones Integrales.

La respuesta fue inmediata: movilizaciones ciudadanas en las instalaciones del sistema operador y en el Congreso del estado, así como la tramitación de nuevos juicios de amparo para frenar aumentos de hasta 388 por ciento.

Un grupo de afectados creó la Asamblea Social del Agua (ASA) para luchar contra la privatización y en el cierre de año dio a conocer que ganó 60 suspensiones provisionales en el pago del servicio, mientras se interpusieron ocho amparos en contra de Concesiones Integrales por el corte del suministro y hostigamiento al mismo número de pobladores.

Los integrantes de la agrupación informaron, además, que presentaron quejas ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación del derecho humano al agua, y advirtieron que interpondrían 200 amparos más contra la concesionaria del SOAPAP.

A la par, dos habitantes de la ciudad de Puebla que se ampararon contra la empresa Concesiones Integrales por suspenderles el servicio de agua potable y drenaje lograron que la justicia federal ordenara la reconexión del mismo, el cual se cobrará además con las tarifas anteriores.

El fallo a favor lo concedió el Juzgado Octavo de Distrito, pero hasta el momento la compañía solo ha cumplido el mandato en el caso de la ciudadana Guillermina García Hernández, mientras está pendiente la reconexión de Carolina López de la Canal.

La justicia federal ha concedido protección a los inconformes debido a que el artículo cuarto de la Constitución federal determina que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

“El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de esos fines”.