Académicos europeos y latinoamericanos que participaron del Tercer Seminario Internacional de Metabolismo Social, efectuado esta semana en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), emitieron un manifiesto dirigido al gobierno del estado, en el que recomiendan que los sistemas de agua potable de la entidad no sean entregados a la iniciativa privada.
El acto, celebrado del pasado 27 al 29 de enero en el Edificio de la Aduana Vieja, fue convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la UAP, Sociedad Ciudad y Territorio, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
Participaron, entre otros, Fridolin Krausmann, del Institute of Social Ecology de la Alpen Adria University Klagenfurt Wien Graz; Víctor Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Enric Tello, de la Universitat de Barcelona, y Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, entre otros.
El manifiesto, dirigido al gobierno del estado de Puebla, a la sociedad poblana, al pueblo mexicano y a los medios de comunicación, se transcribe íntegro a continuación:
“La comunidad académica que participamos en el III Seminario Internacional de Metabolismo Social realizado en la ciudad de Puebla nos pronunciamos en contra del proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento que se ha intensificado a partir del pasado 2012 con las diversas reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla. Señalamos que los problemas de abasto de agua en los municipios Puebla no serán solucionados con la intervención de empresas privadas en su control–administración. No se trata solamente de aplicar mayores inversiones para la perforación de pozos profundos, construcción de transvases, acueductos, tuberías, etcétera, esto es, no es únicamente un problema técnico de manejo de sistemas hidráulicos y sanitarios, tampoco de la utilización de tecnologías o de una modernización administrativa.
“El acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para el consumo humano y el desarrollo de sus actividades tiene diversas aritas. Las crisis hídricas normalmente se han atribuido a problemas técnicos, administrativos o financieros, aspectos asociados reiteradamente a un manejo deficiente por parte del Estado a partir de los cual se ha tratado de justificar la intervención del capital privado. Dicha visión derivada del modelo neoliberal se ha venido impulsando a nivel mundial desde hace varias décadas para imponer nuevas formas de producción y reproducción de políticas públicas inspiradas en los principios del libre mercado cuya motor es la ganancia y dentro de las cuales el agua es considerada como un bien económico, como una mercancía más.
“Estas políticas privatizadoras han sido impulsadas por Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y fueron o están siendo aceptadas e implementadas por la mayoría de los gobiernos de los países sin una consulta ciudadana y muchas veces a pesar de la oposición de las mayorías. Las experiencias en distintos países del mundo como Francia, Bolivia, Argentina, Brasil, España, entre otros han demostrado que la privatización del agua no es el único, ni el mejor camino para enfrentar los problemas de escasez, falta de inversiones, deficiencias administrativas, problemas ambientales, conflictos hidrosociales, sus experiencias en la gestión del agua demuestran que existen otros caminos y que en el caso de México es necesaria su construcción social, tomando en cuenta las condiciones regionales particulares.
“En varios de estos países y a raíz de los impactos sociales y ambientales negativos provocados por la privatización del servicio se está poniendo en cuestión este modelo y se ha retornado a la municipalización o gestión pública del agua. La ciudad de Paris, que es la ciudad de origen de las dos multinacionales más importantes en materia de suministro de agua a nivel mundial, ha finiquitado el contrato con estas empresas y ha restablecido la gestión pública. En muchos lugares de Europa existen movimientos sociales en contra de la privatización del agua como en Madrid y Barcelona, o a favor de la remunicipalización como en Italia.
“La Reforma al artículo 4° de la Constitución Mexicana establece que el agua es un derecho humano esencial y que el Estado mexicano, a través de sus diferentes formas y niveles, está obligado a garantizar que este se cumpla. Los cambios a la Ley de Agua del Estado de Puebla conlleva a la privatización del servicio contradiciendo dicho mandato pues su aplicación anula el estatus del agua como bien público y común, y lo entrega a la iniciativa privada para su usufructo afectando los intereses de la mayoría de los poblanos.
“Por otro lado, los enfoques en relación a la gestión del agua han sido muy limitados y debido a ello se han multiplicado los problemas de abasto, principalmente en las grandes urbes y zonas metropolitanas como la de Puebla. Los programas, proyectos, planes hídricos generalmente se han centrado en la explotación de acuíferos, su máxima preocupación ha sido la extracción de agua subterránea y su distribución (normalmente sesgada) entre los diferentes grupos y actividades sociales–económicos. Estas visiones parciales han provocado que se agudicen aun más los problemas y conflictos por el agua en la región.
“Se requiere un cambio profundo en los patrones de manejo del agua, y esto implica, además de un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema hídrico, su difusión, el impulso de nuevas formas de gestión a partir de nuevos modelos de planeación para generar las políticas públicas hídricas. Este ejercicio necesariamente tendrá que estar sustentado en diferentes formas–mecanismo de participación social.
“Por lo anterior recomendamos:
“1. El Estado en co–gestión con la sociedad debe conservar la rectoría de la administración y distribución del agua, entendida esta como un bien común–publico que es estratégico para el bienestar social y el desarrollo económico de la región.
“2. El agua es un derecho humano y forma parte de ecosistemas a los que pertenece, no es una mercancía, por tales motivos debe responder una racionalidad social y ambiental, no a una lógica ni a leyes del mercado.
“3. El agua no debe ser entregada a empresas o corporaciones nacionales o trasnacionales, por el contrario se deberán realizar estudios profundos del sistema hídrico de la cuenca y de su manejo, los cuales tendrán que ser avalados por las diferentes universidades a través de sus especialistas en la materia. El objetivo es disponer de un diagnostico –pronostico real (propuestas– alternativas sustentables) de la situación del agua en las diferentes cuencas y subcuencas del estado de Puebla.
“4. Se deberán reconocer las condiciones y necesidades socioeconómicas, culturales y ambientales de los grupos y comunidades afectadas o beneficiadas en cada región poblana.
“5. Estos estudios deberán ponerse al alcance de la ciudadanía para su conocimiento, estudio y construcción de propuestas que integran la política pública hídrica en el estado de Puebla”.
