A raíz de la Reforma Energética en México se busca extender la extracción de hidrocarburos de lutitas a través del método conocido como fractura hidráulica o fracking. En Veracruz aun sin normatividad ambiental hay 12 zonas donde se realizan prácticas de fracking, según consta en el informe 2012 de Pemex.

Esta técnica ha sido prohibida en Francia y Bulgaria y en diversos estados, provincias y municipios de otros países hay prohibiciones o moratorias por los grandes riesgos que representa para el ambiente y la salud humana.

La Alianza Mexicana contra el Fracking alerta de las siguientes disposiciones contenidas en ese paquete legislativo: “Priorizar la actividad petrolera y gasífera por encima de cualquier otro uso del territorio, incluyendo el agropecuario, pondría en riesgo los derechos humanos de la población. Dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras en las negociaciones con las empresas petroleras. Esto es especialmente grave en el caso de la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, pues requiere de amplias extensiones de territorio para su desarrollo.” Aseguró Areli Sandoval, experta en Derechos Humanos de Equipo Pueblo.

CONTAMINA EL AGUA LA FRACTURA HIDRÁULICA

La fractura hidráulica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo que son mezclados con arena y químicos (muchos de ellos tóxicos), pone en riesgo de contaminación las fuentes de agua de poblaciones cercanas y la habitabilidad de sus viviendas, contamina el aire, tierras de cultivo y pastura, y requiere una ocupación territorial intensiva.

Además las sustancias utilizadas afectan directamente piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal, pueden afectar al sistema nervioso, inmunológico, endócrino, cardiovascular y riñones y, finalmente, también pueden provocar cáncer y mutaciones.

El fracking es un proceso que incrementa el cambio climático, contamina el agua, enferma a las personas y puede provocar sismos. Más allá de perpetuar nuestra dependencia en los hidrocarburos, México debe invertir en alternativas renovables de generación de energía. Países como Alemania han demostrado que una transición hacia estas fuentes es viable y asequible (sólo se requiere voluntad política). Los graves impactos ambientales y sociales del fracking se traducen en violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento, al derecho a la salud y al medio ambiente sano, al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, entre otros; violaciones que impiden la vida digna de generaciones presentes y futuras.

PAQUETE LEGISLATIVO

El paquete legislativo propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta medida supondría el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental sin atender ninguna de las deficiencias que la aquejan: no daría mayor autonomía a la autoridad ambiental, ya que la Agencia no sería un órgano autónomo al depender de la Semarnat y al ser el Ejecutivo quien designe a su titular; y no se incluirían medidas para fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), el cual presenta serias deficiencias para asegurar la protección del medio ambiente y la población frente a los proyectos de desarrollo.

Además, supondría concentrar en una sola instancia la regulación ambiental y la autorización de los permisos en la materia, por un lado, y los procesos de investigación, inspección y sanción, por el otro. Ello pondría en riesgo la objetividad de la Agencia en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente, al ser juez y parte en los diferentes procesos. “La creación de esta Agencia parece responder más a un interés de agilizar los trámites para el desarrollo de los proyectos de explotación de hidrocarburos que en un verdadero interés por asegurar la preservación del medio natural y el bienestar de la población ante estos proyectos”. Aseguró Claudia Campero, de Blue Planet Project y Food & Water Watch.

La legislación prioriza la actividad petrolera y gasífera de las empresas privadas y las empresas productivas del Estado por encima de cualquier otro uso del territorio.

- El paquete de leyes presentado fragmenta y debilita la política ambiental aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos.

El Legislativo debe aprobar la iniciativa de Ley General para la prohibición de la Fractura Hidráulica y redactar leyes secundarias que sean en beneficio de la población y protejan el ambiente.

Las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos propuestas por el Ejecutivo Federal tienen graves implicaciones para la población y el medio ambiente de nuestro país:

a) De aprobarse, la legislación priorizará la actividad petrolera y gasífera por encima de cualquier otro uso del territorio, poniendo en riesgo otras actividades económicas y los derechos humanos de la población.

La Ley de Hidrocarburos establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público. Ello se traduce en que el Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras o, en su caso, expropiarles en favor de dichas empresas (Art.91). En el caso de la renta, la ley establece que la contraprestación “deberá ser proporcional a las necesidades del Asignatario o Contratista”, dejando en un segundo plano los intereses de las personas que habitan dichos terrenos (Art. 96).

b) Con la legislación propuesta no habrá evaluación real de los impactos sociales de los proyectos. La Ley de Hidrocarburos señala que la Secretaría de Gobernación junto con la Secretaría de Energía serán las encargadas de realizar estudios de impacto social previos a la entrega de asignaciones y contrataciones para la explotación de hidrocarburos, por lo que serán las mismas autoridades encargadas de promover la actividad petrolera y gasífera quienes determinen si ésta generará daños a la población. Especialmente preocupante resulta este tema cuando una de las principales apuestas de la reforma energética es explotar hidrocarburos de lutitas a través del fracking, tecnología ampliamente cuestionada por sus impactos nocivos en diversos derechos sociales de la población; agregó Areli Sandoval

c) La legislación secundaria debilitará y fragmentará la política ambiental sin atender ninguna de las deficiencias que la aquejan. No dará mayor autonomía a la autoridad ambiental.

d) La legislación otorgará ventajas fiscales a las empresas privadas
La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el poder de determinar en cada contrato la contraprestación económica que recibirán las empresas por la explotación del gas y el petróleo. Esto permitirá que se establezcan ventajas fiscales a las empresas, sobre todo en aquellos casos en los que los índices de rentabilidad de los proyectos son bajos o negativos, como ocurre con los que emplean la técnica del fracking. Esto es especialmente grave en el caso del gas natural no asociado o seco, el cual quedará exento del pago de regalías cuando el precio esté por debajo de los 5 USD el millón de BTU(Art. 24), lo que ha sido la tendencia en los últimos años. Aseguraron Aroa de la Fuente y Francisco Cravioto, investigadores del Fundar Centro de Aanálisis e Investigación Fundar, AC.

“Ante este panorama, el poder legislativo debe mostrar su compromiso con la población mexicana y poner freno a las prácticas que las leyes presentadas por el Ejecutivo permitirían. Para ello, un paso importante será la aprobación de la iniciativa de Ley General para la prohibición de la Fractura Hidráulica presentada en ambas Cámaras del Congreso”, finalizó Claudia Campero.