La gestión del agua en Jalisco, igual que en casi todo México, tiene tintes de ingobernabilidad, y si no se modifica tendrá consecuencias sociales, económicas y ambientales desastrosas, advierte el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco y activo promotor del modelo de Nueva Cultura del Agua, David Barkin.
“A diferencia de muchos otros países en América Latina, en México ni el gobierno ni la sociedad civil han logrado implementar una agenda de reforma exitosa para la gestión del agua urbana. A pesar de numerosas protestas y de innumerables movilizaciones debidas a una mala administración, las contadas iniciativas para implantar nuevos enfoques y crear nuevos organismos para asegurar un servicio adecuado y digno no han resultado exitosas”, señala en un análisis titulado La ingobernabilidad en la gestión del agua urbana en México, artículo que el autor autorizó difundir a MILENIO JALISCO en el marco del Día Mundial del Agua.
“Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los organismos municipales en México han sido incapaces de asegurar un servicio adecuado y accesible del agua urbana; la estructura resulta incapaz para proteger los ecosistemas de los cuales dependemos”. En ello, añade, “el mayor obstáculo que enfrenta el país […] es la renuencia oficial para alentar o incluso permitir la participación social en la discusión de la gestión y vigilancia de los servicios públicos. Múltiples problemas, como la falta de solvencia financiera, de capacidad reguladora y de capacitación, tanto en la calidad como en la eficacia del servicio, impiden asegurar mejoras sustanciales”.
Estos obstáculos “seguirán como barreras infranqueables si no se permite a los grupos ciudadanos participar en la resolución de los problemas”. Y resulta que “la participación pública en discusiones sobre la gestión del agua y las consecuencias para el medio ambiente en las actuales tendencias institucionales es desalentada intensamente. Aunque están centralizadas las decisiones sobre la gestión del agua en la Conagua, las decisiones más importantes son de hecho de otros grupos; por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tiene mucha autonomía para determinar el destino de las vías fluviales susceptibles de ser aprovechadas para la generación de hidroelectricidad; la Secretaría de Agricultura juega un papel dominante en las decisiones individuales para el diseño de las políticas sobre el uso de grandes cantidades de agua dulce de México destinadas a la irrigación de cultivos; los organismos locales de agua intentan funcionar como si fueran soberanos con respecto al control del agua para los usuarios urbano-industriales; finalmente, los empresarios, dueños de los derechos para la explotación de los pozos privados, a menudo hacen alarde de la violación de las regulaciones gubernamentales diseñadas para estabilizar los acuíferos”.
Así, “de manera propia, cada actor excluye a los demás grupos locales de la participación en las decisiones principales que afectan la asignación del agua y su manejo, y por consiguiente, del bienestar social”.
De manera que “infortunadamente, los cuestionamientos sociales sobre la política pública y las nuevas propuestas de proyectos en general enfrentan el silencio oficial y la intervención rápida de las fuerzas del orden para desmovilizar la acción colectiva, […] las agencias de gobierno con frecuencia hacen infundadas promesas de compensación, reclamaciones exageradas de beneficios y aseguramientos de altos estándares de responsabilidad social, en caso de que exista cualquier daño o perjuicio. Cuando el estado falla en honrar estas promesas y la gente se moviliza para protestar, se encarcela, tortura o asesina a los líderes locales”.
Los funcionarios públicos “han intentado relegar la gestión del agua en México a un nivel aparentemente técnico en el que la opinión social es excluida. Las decisiones cruciales, como se dice, son demasiado complejas para que el ciudadano ordinario pueda participar. Incluso cuando se convoca a las discusiones públicas y a las audiencias legislativas, se llama a los expertos académicos y a las autoridades con amplia experiencia administrativa a debatir estos temas; mientras tanto, los ciudadanos comunes solamente pueden esperar para expresar sus quejas sobre faltas de menor importancia, inevitables en la calidad del servicio del agua o en los errores administrativos”.
La idea de la tecnocracia es que “las decisiones importantes sobre el diseño de los sistemas hidráulicos, del acercamiento para el manejo de los efluentes, y de las estructuras de tarifa se deben conferir a los expertos merecedores de nuestra confianza, que están en espera de la representación de los intereses de la población para el ejercicio de su poder; cualquier insinuación de los intereses diagonales o privados que eliminan su índole sagrada, debida a la confianza pública, es saludada con gritos de desdén o de populismo por la élite del poder”, advierte el artículo.
En este escenario, “para los funcionarios, la oposición informada y los paradigmas alternativos son intromisiones inaceptables. Los intereses colectivos de la nación […] son siempre más importantes que los intereses directamente violados de los perdedores en la ecuación del poder económico. Sin considerar dónde queda la razón, la práctica actual en México ha llevado a la construcción cuidadosa de una gestión del agua nacional y de un sistema de uso que están destruyendo los ecosistemas, envenenando a las personas y dejando al país mal preparado para enfrentar los desafíos de un desarrollo sustentable y equitativo”, advierte Barkin.
“Las decisiones carecen de programación y de conocimientos adecuados, y están arraigadas en las confrontaciones entre grupos desiguales, en los recursos derrochados, no en las personas prescindibles, y sufrimos las consecuencias, aunque algunos oportunistas se benefician a corto plazo”.
El artículo completo se puede consultar en http://www.crim.unam.mx/drupal/crimArchivos/Colec_Dig/2011/Ursula_Oswald/47_Barkin.pdf.
El problema es complejo, “el marco legal de la gestión de los recursos hídricos en México es abultado y complejo. Aunque defiende la propiedad de los recursos hídricos como bienes nacionales públicos, favorece la concesión privada y la transferencia de los derechos en un mercado del agua no regulado ni reconocido abiertamente. Más allá de la conservación del medio ambiente y de la participación social, su operación responde a los requerimientos que la presión privatizadora les está demandando”.
Una prueba de la desconfianza al ciudadano es el caso de los consejos y las comisiones de cuenca, legitimados en la idea de la Conagua de entregar la gestión a los usuarios del agua. “Infortunadamente, estos consejos fueron concebidos como organismos controlados por los intereses más pudientes en sus regiones, sin una base amplia de participación de los pequeños productores [campesinos] y usuarios, así como de otros grupos relevantes”, puntualiza.
La nueva cultura del agua
David Barkin destaca cuatro prioridades fundamentales como guías para la formulación de la Nueva Cultura del Agua (NCA), en orden descendente de importancia: el agua como derecho humano, el agua para las necesidades ambientales, el agua para usos sociales y comunitarios y el agua para el desarrollo económico.
Estos cuatros usos determinan las políticas a seguir. La NCA “también señala la necesidad de castigar severamente los usos ilegítimos del agua. No se trata solamente de multas administrativas, como propone la ley mexicana, sino de medidas para terminar con estas prácticas, que incluyen las extracciones excesivas del subsuelo y las descargas contaminadas a las corrientes superficiales, por mencionar sólo dos de las más significativas”.
