Ciudad de México.- Los oponentes al proyecto hidroeléctrico El Naranjal, en Veracruz, entre los que se encuentran sacerdotes, viven en un ambiente de amenazas e intimidaciones, aseguraron los obispos del país, quienes demandaron a las autoridades federales y estatales a dialogar con los habitantes de la zona para encontrar soluciones a la problemática.
De esta forma los jerarcas católicos, integrantes de la Pastoral Social del Episcopado Mexicano, se sumaron a la denuncia hecha por el obispo Eduardo Patiño, de la Diócesis de Córdoba, quien solicito a las autoridades federales y estatales de Veracruz, que se esclarezcan las situaciones de amenaza e intimidación en contra del presbítero Julián Verónica González, así como a miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y se asuma una postura contundente y definitiva en torno al proyecto hidroeléctrico El Naranjal.
Este proyecto, explicaron es una de las 112 represas de capital privado que pretenden construirse en el estado de Veracruz y que amenazan el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectarían a 30 mil personas. Se trata de la hidroeléctrica más importante del estado que podría tener una capacidad instalada de 360 MW, pero que de acuerdo a la opinión de varias comunidades y del Colectivo antes mencionado, causaría un grave daño ecológico ya que afectará sus tierras por la tala de árboles indiscriminada y la disminución significativa del causal del Río Blanco.
Las poblaciones por las que pasará el canal tendrán el peligro potencial de infecciones virales y los posibles riesgos del desbordamiento de los tanques y el canal en temporadas de lluvias. También temen infiltraciones de las aguas contaminadas del río Blanco a los mantos acuíferos que surten de agua a las poblaciones.
Desde el 2010, en toda la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de estos proyectos hidroeléctricos y mineros. En agosto de 2013, fue asesinado Noé Vázquez, integrante de dicho Colectivo, adscrito al Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (Redlar) y a partir de entonces las amenazas e intimidaciones para otros activistas han ido en aumento.
