Veracruz, Veracruz.- Siete organizaciones de la sociedad civil presentaron ante un tribunal de justicia un escrito (amicus curiae) con argumentos jurídicos y técnicos para fortalecer la demanda de amparo interpuesta contra el decreto por el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) modificó y redujo los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), con la finalidad de ampliar la zona portuaria de Veracruz.

El escrito fue presentado al Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz el pasado 25 de abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE), Sendas, Pobladores, y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

Los ambientalistas argumentan en el escrito que dicho decreto, promovido por el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, contempla "una decisión que pone en riesgo la conservación del sitio catalogado como humedal de importancia internacional".

Recordaron que el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 para -entre otras cosas- salvaguardar la diversidad genética de las especies que alberga, asegurar el aprovechamiento racional de sus recursos y favorecer el estudio del ecosistema y su equilibrio.

En el escrito resaltan que la importancia de proteger el SAV para la región y el país estriba en que "los arrecifes de coral son barreras naturales contra grandes olas y tormentas, así ocurrió en Veracruz en 1992 con el paso del huracán Karl".

Señalan también que "proveen abundante pesca e información valiosa para la investigación médica; permiten actividades recreativas; y ayudan a mantener la biodiversidad marina".

Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, expresó en el escrito, que el decreto de modificación de los límites del PNSAV no sólo es una amenaza a la biodiversidad de la zona sino que además viola el derecho humano al ambiente sano e incumple las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene de proteger ese ecosistema. 

En este sentido también se expresó Xavier Martínez Esponda, director regional del Cemda para el Golfo de México, quien indica que "la población del lugar queda más expuesta a sufrir los impactos de huracanes y otros fenómenos climáticos, debido a que el decreto deja por fuera del área protegida los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara, que sirven de protección natural ante el embate de huracanes".

Junto al punto de vista de los expertos, las organizaciones sostienen en el escrito que el decreto vulnera normas nacionales y tratados internacionales. Entre ellos, la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, según la cual los límites de los parques naturales sólo pueden ser modificados en los Estados Parte por autoridades legislativas y la Conanp no lo es.

Además, señalan que el decreto infringe la Convención Ramsar porque la modificación del polígono del PNSAV, parte de los Sitios Ramsar, no siguió el procedimiento establecido por ese tratado intergubernamental para la protección de los humedales de importancia internacional. 

Las siete organizaciones ambientales que firman el escrito que pretende fortalecer la demanda de amparo contra el decreto presidencial, que permite modificar el parque arrecifal veracruzano, con el fin de ampliar la zona portuaria, ponen de manifiesto que el decreto de la Conanp es una medida regresiva porque va en contra de los beneficios de protección ambiental conseguidos tras la creación del área protegida en 1992. 

Y advirtieron que "retrocesos como éste pueden ocasionar daños irreversibles".