Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Pobladores de 16 comunidades se esfuerzan para que el gobierno reconozca su derecho a decidir sobre los mantos acuíferos de su territorio. Sin el trabajo de estos pobladores el campo de sus comunidades se hubiera acabado. Se llaman a sí mismos “sembradores de agua”, son pobladores de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, cuyos campos agrícolas en 2005 se quedaron sin agua y que desde entonces iniciaron un proyecto para recargar los mantos acuíferos de su territorio; hoy, pese a los obstáculos del gobierno federal y la indiferencia del Gobierno del Estado, están a punto de vencer al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al decreto que ×rmó en 1967 y que hoy, 50 años después, les prohíbe utilizar el recurso que han recuperado.

La lucha de estas comunidades, conformadas en la Comisión de Pueblos Unidos Para la Defensa del Agua (Copuda), puede desembocar en que el Estado reconozca el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre un recurso para el cual el gobierno se ha guardado durante décadas el control total sobre su uso y administración: el agua.

La Copuda está integrada por representantes de cada una de las 16 comunidades involucradas. Cada representante está avalado por sus autoridades municipales y por el pueblo. El camino legal para lograr el reconocimiento de su derecho inició en el año 2011, cuando la comisión demandó a la Conagua que, haciendo uso de las facultades establecidas en los artículos 6 y 38 de la Ley Nacional de Aguas, propusiera al Ejecutivo federal modi×car el decreto de veda “para el alumbramiento de aguas de subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca, que comprende los ex distritos de Etla, Centro, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán” establecido en 1967.

Desde entonces, la Conagua se ha convertido en el principal obstáculo que han encontrado las comunidades. Pese a su reticencia, la primera sala de regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señaló a la Conagua que impedir la realización de una propuesta de modi×cación al decreto previa consulta con las comunidades afectadas es violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 2 y 27 de la Constitución mexicana, y en los 1, 13 y 15 del convenio 169 de la OIT.

“Había un decreto de veda que limitaba el uso de agua a los campesinos, nosotros al tramitar una concesión en la Conagua no sabíamos el porqué, Conagua decía que el decreto era para preservar el agua para futuras generaciones, cosa que no era cierto porque en 2005 se nos había acabado el agua, los campesinos nos quedamos sin trabajo”, explica Ángel Ruiz Méndez, presidente del Consejo Directivo del Copuda, representante de la comunidad de Santiago Apóstol.

“Conagua nos decía que ese decreto era para preservar el agua para futuras generaciones, cosa que no era cierto, porque en 2005 se nos había acabado el agua, los campesinos nos quedamos sin trabajo en partes, otros se quedaron con poca agua, regábamos una hora, dos horas al día pero no era su×ciente para sacar el sustento de la familia, nos vimos obligados a dejar ese trabajo, meternos en otros trabajos o dejar este país, ir a trabajar a Estados Unidos”, agrega.

LA RESPUESTA

La subcuenca de Ocotlán pertenece a la región administrativa V Pací×co Sur y a la región hidrológica 20, Costa Chica Guerrero-Oaxaca. Las aguas de esta subregión hídrica pertenecen al Acuífero de Valles Centrales en el cual, de acuerdo con datos de Conagua de 2015, hay una disponibilidad hídrica anual de 14 millones de metros cúbicos.

Sobre este acuífero el gobierno federal encontró en 1967 un incremento “en forma desordenada” de los nacimientos de agua de subsuelo, por lo que decretó una zona veda por la cual “nadie podrá extraer aguas sin previo permiso escrito”. De esos permisos escritos hoy existen en la subcuenca mil 113 títulos de concesión para aprovechamiento, con los que se extraen en promedio 6.9 millones de metros cúbicos anuales, los cuales, sin embargo, se vieron afectados por la escasez de agua. Conagua mide la cantidad de agua utilizada de acuerdo con la energía eléctrica utilizada. En 2005, por la falta de agua se utilizó más energía y no solo llegaron recibos más caros, sino también multas de Conagua por “consumo por excedente de agua”, algunas hasta por 24 mil pesos.

“Nos vimos en la necesidad de organizarnos, pedimos el apoyo de Flor y Canto para que nos asesorara sobre qué es lo que estaba pasando, por qué nos estaban cobrando excedentes”, señala Ruiz Méndez.

La alternativa surgió del asesoramiento de la organización de defensa de los derechos humanos Flor y Canto que llevó a representantes de las comunidades al Museo del Agua de Puebla, donde observaron los procesos de realización de obras para la captación de agua de lluvia. Una investigación del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR-Oaxaca) del Instituto Politécnico Nacional encontró que en las comunidades involucradas se han construido más de 600 obras de recarga donde el 98 por ciento son pozos de absorción y el restante ollas captadoras de agua y pequeñas presas. El costo unitario calculado por obra es de 515.8 dólares (9 mil 697 pesos) para pozos circulares de absorción; mil 564 (29 mil 434 pesos) para pozos de absorción

se extraen en promedio 6.9 millones de metros cúbicos anuales, los cuales, sin embargo, se vieron afectados por la escasez de agua. Conagua mide la cantidad de agua utilizada de acuerdo con la energía eléctrica utilizada. En 2005, por la falta de agua se utilizó más energía y no solo llegaron recibos más caros, sino también multas de Conagua por “consumo por excedente de agua”, algunas hasta por 24 mil pesos. “Nos vimos en la necesidad de organizarnos, pedimos el apoyo de Flor y Canto para que nos asesorara sobre qué es lo que estaba pasando, por qué nos estaban cobrando excedentes”, señala Ruiz Méndez. La alternativa surgió del asesoramiento de la organización de defensa de los derechos humanos Flor y Canto que llevó a representantes de las comunidades al Museo del Agua de Puebla, donde observaron los procesos de realización de obras para la captación de agua de lluvia.

Una investigación del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR-Oaxaca) del Instituto Politécnico Nacional encontró que en las comunidades involucradas se han construido más de 600 obras de recarga donde el 98 por ciento son pozos de absorción y el restante ollas captadoras de agua y pequeñas presas. El costo unitario calculado por obra es de 515.8 dólares (9 mil 697 pesos) para pozos circulares de absorción; mil 564 (29 mil 434 pesos) para pozos de absorción construidos de tabiques, 7 mil 800 (146 mil 640 pesos) para ollas captadoras de agua, 5 mil 937.6 (111 mil 626.88 pesos) para las presas pequeñas y 360 (6 mil 768 pesos) para pequeñas ollas captadoras de agua. Las comunidades han aportado 48 por ciento del costo total y el resto son apoyos del gobierno.

“Empezamos a pico y pala”, dice Wilfrido López Martínez, presidente del consejo de Vigilancia de la Copuda, representante de la comunidad de San Pedro Mártir.

“El tribunal dijo que nosotros teníamos la razón porque estábamos haciendo lo que a Conagua le competía, que es administrar y cuidar el agua, de cuidar ellos no saben hacerlo, administrar sí, porque siempre están haciendo leyes para racionar el agua y de esa manera piensan que el agua va a persistir para la próxima generación, pero no es cierto, ellos no tienen una iniciativa para que el acuífero se mantenga”, asegura.

LA CONSULTA

Además de estas obras la Copuda ha continuado el camino para que se concrete la consulta a las comunidades involucradas y ×nalmente se haga una propuesta de modi×cación del decreto de veda. Hasta ahora, después de casi cinco años de que recibió la orden judicial Conagua aún continúa buscando la forma para evitar cumplirla.

La consulta a las comunidades involucradas consta de cinco etapas: Acuerdos previos, etapa informativa, etapa deliberativa, etapa consultiva y etapa de ejecución y seguimiento de los acuerdos.

Las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos han sido registradas tanto por organizaciones de derechos humanos como por la Defensoría Estatal de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Entre otros motivos, Conagua ha argumentado falta de recursos para llevar a cabo la consulta.

“En la segunda etapa faltó información, no convocaron a tiempo con las comunidades, con las autoridades, se violentaron los principios que rigen el principio de consulta, entre ellos el principio de buena fe, no hay buena fe de las autoridades, en este caso de la Conagua para llevar a cabo este proceso”, relata Janeth Sofía Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto.

NUEVO MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

El elemento central con el que la Conagua pretende entorpecer el proceso de consulta es el modelo bajo el cual quedaría administrado el uso del agua en las comunidades involucradas.

El pasado viernes, integrantes de la Copuda sostuvieron una nueva reunión en las o×cinas de la Conagua, sin embargo, como destaca Amada Fabián Calvo, representante de San Martín Tilcajete, “no nos vamos satisfechos, ellos no están respetando la sentencia, que dice que la consulta sea a favor de las 16 comunidades, plantean que haya una zona reglamentada donde ellos pongan sus lineamientos”.

Las propuestas se diferencian en cómo se va a cuidar el agua. Mientras Conagua insiste en colocar medidores y entregar una concesión colectiva que opere bajo las mismas reglas, precios y multas, las comunidades proponen que la administración sea comunitaria, regida por la asamblea y con las reglas que el pueblo determine.

Esta administración comunitaria “no deja de lado a la Conagua porque es necesario vincularse. Como comunidades siempre han cuidado el territorio y los recursos y lo van a seguir haciendo, pero por el otro lado, quién tiene los recursos, el gobierno federal, que tiene que invertir en las obras para mantener el acuífero”, expresa Herrera.

Las comunidades involucradas en esta consulta son Barda Paso de Piedra, Tejas de Morelos, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Maguey Largo, El Porvenir, Asunción Ocotlán, Ocotlán de Morelos, Santiago Apóstol, San Sebastián, San Jacinto Ocotlán, San Isidro Zegache, San Antonino Castillo Velasco, San Martín Tilcajete y Santa Ana Zegache.

“Nosotros queremos dejar un antecedente para las nuevas generaciones, en este caso, que nos permitan usar el agua libremente, que no nos la racionen”, asegura Nicolás Cruz Arango, representante del consejo directivo de la Copuda, representante de San Martín Chilazoa.

-¿Si ustedes no hubieran intervenido en qué situación estuvieran sus comunidades?

-Si no tenemos obras, lo poco o lo mucho que llueva no captamos nada. Si llueve mucho tenemos las ollas para retener el agua. En San Pedro Mártir encontrábamos el agua a cinco metros, en 2005 llegó a 12 o 13 metros, hoy el espejo de agua lo tenemos a cuatro metros –responde López Martínez.

“Aquí no estamos pidiendo”, sentencia, “estamos exigiendo, que a través de los tratados internacionales, es que se respeten nuestros derechos, ellos hablan del convenio 169 a su manera, nosotros los campesinos no desperdiciamos el agua, no contaminamos el agua”.

ETAPAS DE LA CONSULTA:

Este procedimiento no se ha llevado a cabo, la Conagua argumenta falta de recursos.
Acuerdos previos
Etapa informativa
Etapa deliberativa
Etapa consultiva
Etapa de ejecución
Seguimiento de los acuerdos

Poblaciones que conforman la Copuda:
Barda Paso de Piedra
Tejas de Morelos
San Felipe Apóstol
San Matías Chilazoa
San Pedro Apóstol
San Pedro Mártir
Maguey Largo
El Porvenir
Asunción Ocotlán
Ocotlán de Morelos
Santiago Apóstol
San Sebastián
San Jacinto Ocotlán
San Isidro Zegache
San Antonino Castillo Velasco
San Martín Tilcajete
Santa Ana Zegache

ARTÍCULO 15 CONVENIO 169 OIT

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a ×n de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

PARA SABER:

Condicionamiento

Además de cobros por excedentes en el uso de energía eléctrica y agua, la Sagarpa ha negado apoyos para campesinos involucrados en la lucha de la Copuda por carecer de una concesión renovada para el uso de agua. Sin ese apoyo de subsidio al pago de energía eléctrica, los pagos mensuales para cada agricultor suben de 200 a mil pesos mensuales.