Quizá peque de ingenuo, pero más allá de los chistes u ocurrencias que día tras día acapararán la atención de la opinión pública de aquí al primero de julio, día de las elecciones federales, aún albergo la esperanza de que los candidatos eventualmente presenten propuestas concretas para enfrentar los problemas más urgentes que enfrenta el país. De entre los numerosos desafíos a encarar, destaca el problema del abastecimiento del agua.
Es, sin exagerar, una emergencia nacional.
Si bien el país posee abundantes recursos hídricos en el Sur, más de la mitad de la población vive en zonas consideradas bajo estrés hídrico. La falta de inversión en infraestructura y otros problemas de gestión han convertido al país en una de las naciones con mayores dificultades de abastecimiento en todo el mundo. En este contexto, 105 de 731 cuencas fluviales de todo México presentan limitaciones hídricas, así como 106 de 653 mantos acuíferos registran una sobrexplotación grave. Muchos de esos mantos acuíferos representan la principal fuente de agua para diversos asentamientos urbanos, comunidades rurales y tierras cultivables. Debido a estos problemas, la disponibilidad de agua ha disminuido de 18 mil metros cúbicos per cápita en 1950 a tres mil 900 metros cúbicos per cápita anuales en 2013.
Una cifra preocupante: 35 millones de mexicanos viven en zonas con escasez de agua. Según datos oficiales, 11 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable, dato indignante si se toma en cuenta que poco menos del 50% del agua orientada al abastecimiento público se desperdicia en fugas. El deterioro ha sido provocado por factores como la escasez, la contaminación, la ausencia de infraestructura, el envejecimiento de las instalaciones y la mala administración. Según el reporte Water Governance in Cities, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las ciudades mexicanas que presentan las condiciones más alarmantes en materia de desperdicio son: Tuxtla Gutiérrez (con pérdidas que rozan el 70%), San Luis Potosí (50%), Ciudad de México (40%), y en menor porcentaje Chihuahua, Toluca, Querétaro, Culiacán, Acapulco y Hermosillo.
Una de las ironías macabras reveladas por el reporte de la OCDE, así como por estudios del Inegi, es que si bien el Sur cuenta con abundantes recursos hídricos, es también la región con menor acceso a los mismos. Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo; Yucatán, Veracruz y Tabasco reciben casi la mitad del agua de lluvia, pero no tienen los servicios básicos, como agua entubada dentro de la vivienda o sistemas eficaces de distribución. La realidad de la Ciudad de México luce aún más apocalíptica. La zona del Valle de México requiere de una reestructura completa de su estructura hidráulica, que no sólo es dispendiosa, sino que permite la pérdida de gran parte de los recursos que extrae. El Valle de México depende de fuentes lejanas a la Ciudad, como los sistemas Lerma y Cutzamala, que extraen agua del estado de México para evitar la sobreexplotación de los pozos que tiene la capital. Tan sólo el Cutzamala provee 25% del agua que se consume en el Valle de México. Queda claro que las nuevas administraciones federales y locales van a tener que inyectar cuantiosos recursos para hacerle frente a esta bomba de tiempo. El Estado no lo va a hacer solo, por lo que se deben explorar caminos para que el sector privado se involucre de manera más abierta e intensa en esta problemática. La revolución en el manejo de los recursos apenas empieza. Frente al aumento de la población mundial, la urbanización creciente y el agotamiento progresivo de los recursos naturales, preservar, optimizar y valorizar los recursos constituye una labor fundamental para el futuro. Es una necesidad impostergable que debe discutirse en las campañas.
