Las organizaciones y colectivos integrantes de la Mesa “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” de la Clínica Interdisciplinaria del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” rechazaron rotundamente la nueva oleada de reformas estructurales que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades del país, específicamente de los estados de Puebla y Tlaxcala, por medio de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Ley General de Biodiversidad y el anuncio de la probable aprobación en el Congreso de la Unión, de la Ley General de Aguas.

Al mismo tiempo, se solidarizaron con todas las luchas en defensa del territorio, el medio ambiente y los bienes comunes que están activas en el país, e hicieron un llamado a la unidad contra el despojo y la criminalización de la protesta.

La postura fue emitida por Ecotuzuapan, el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha (FNOPL), el Centro de Economía Social Julián Garcés y el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (Miocup).

Además de El Barzón Poblano, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular (Mascip-Cnpa-Mn), y el Movimiento Nacional de Afectados Ambientales Puebla (Anaa-Puebla).

Las organizaciones destacaron que por más de 30 años se ha padecido los estragos de la promulgación y aplicación de leyes que, en el ámbito federal y estatal, violentan los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectados por proyectos de muerte, como la minería, la construcción de presas, carreteras, proyectos inmobiliarios, turísticos o industriales en territorios indígenas y campesinos.

Arguyeron que en las últimas tres décadas, la Constitución ha sufrido más de 450 reformas, para adecuarlas a los intereses de empresas privadas y algunos grupos políticos, que desconocen los derechos de los pueblos al territorio, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano y a la salud.

En su lugar, señalaron que estas reformas legalizan la privatización de las aguas, las tierras, los minerales, la biodiversidad, los bosques, la cultura, el patrimonio histórico, los saberes tradicionales, la infraestructura, así como los servicios públicos.

En un comunicado, las agrupaciones en mención señalaron que en los estados de Puebla y Tlaxcala se otorgaron permisos a la industria energética trasnacional para la perforación de más de mil pozos de fracking en la Sierra Norte de Puebla.

Destacaron que los pueblos también pelean y se organizan contra la instalación de ductos de gas y petróleo en los bosques mesófilos de la Sierra de Pahuatlán, contra el gasoducto Tuxpan-Tula, y en el Sur-Poniente del estado contra el gasoducto Morelos.

Mientras –refirieron- en la Sierra Nororiental se acentúan los conflictos con las comunidades y organizaciones afectadas por las concesiones otorgadas para la instalación de minas a cielo abierto de empresas como Autlán, Frisco y Almaden Minerals.

En el caso específico de Cuetzalan, documentaron, contra la instalación de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que estaría destinada a abastecer a las empresas beneficiarias del despojo de las tierras.

Las nuevas leyes, condena de muerte para los pueblos

Sostuvieron que las Leyes aprobadas por el Congreso de la Unión en los últimos 35 años, representan muchas veces para los pueblos de México y para las comunidades de Puebla y Tlaxcala, una condena de muerte por la pérdida irreversible de la base de toda la vida económica, cultural y política de los pueblos.

Dijeron que esta situación se agrava con la tolerancia e impunidad frente al crimen organizado que se extiende con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, con la oleada de feminicidios, así como con la ordeña de ductos.

En tanto, advirtieron que la aprobación de la nueva Ley de Biodiversidad, abre la vía a la mercantilización de la diversidad biológica del país, así como a la destrucción de las áreas naturales protegidas del país, en tanto no establece una prohibición expresa de actividades como la minería o la generación de energía eléctrica y la exploración y explotación de hidrocarburos.

Por último, alertaron que en el caso de la probable aprobación de la nueva Ley General de Aguas, no solo se legalizaría el despojo y la depredación hídrica en el manejo de las cuencas y los acuíferos del país, sino que, con base en un discurso pretendidamente “protector del derecho humano al agua”, violaría precisamente ese derecho y muchos otros al promover la criminalización de las comunidades y organizaciones que hoy día defienden los ecosistemas o luchan por recuperarlos.

Concluyeron que la oleada de leyes dirigidas al despojo no puede prosperar sin una Ley que facilite la militarización del país, la criminalización de la protesta y, sobre todo, la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que sobrevendrían a partir de leyes en mención.