Por separado, organizaciones civiles y la familia LeBarón exigieron la actuación de las autoridades federales y del estado de Chihuahua para resolver el conflicto por el agua que ayer derivó en un enfrentamiento en el rancho Agricultura, en los límites de Villa Ahumada y Buenaventura, al noroeste de la entidad.

Julián LeBarón, primo de Joel Francisco LeBarón, uno de los propietarios del rancho, informó que interpondrán denuncias penales contra los barzonistas porque quemaron una bodega, maquinaria, dos pozos y alrededor de 6 mil nogales cuando invadieron la propiedad privada, y detalló que los daños ocasionados ascienden a aproximadamente un millón de pesos.

De igual manera, aseguró que cinco días antes alertaron al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, sobre lo que se avecinaba, porque los campesinos del ejido Constitución ya habían lanzado la advertencia.

Según Julián LeBarón, los ejidatarios y barzonistas ingresaron al rancho en camionetas pick-up, tiraron árboles y golpearon gente, además de que quitaron camionetas a los trabajadores para el derribo de nogales, por lo que no iban con la intención de dialogar.

Por los hechos responsabilizó al gobernador Javier Corral Jurado porque, subrayó, ha hecho caso omiso a las demandas de ambas partes respecto de la seguridad.

También acusó de racistas a los campesinos porque, abundó, no quieren que la familia LeBarón use el agua, pese a que también son productores. Luego soltó: “Nos sometemos a lo que digan las autoridades, pero no a que esa ‘chusma’ nos quite el futuro de nuestro trabajo”.

El conflicto tiene su origen en la excavación de pozos ilegales por parte de la familia LeBarón, que ha dejado sin agua a varias comunidades aledañas.

Kamel Athié Flores, delegado de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), reconoció que en el rancho tienen nueve pozos ilegales, pero dijo que no han podido actuar porque los propietarios promovieron amparos.

“Si son pozos ilegales que lo prueben, para eso son las instituciones, pero nadie tiene derecho a quitar el esfuerzo del prójimo”, lanzó Julián LeBarón en entrevista con Apro, y expresó que a través de un dron tomaron imágenes de los destrozos, las cuales presentarán como pruebas.

Asimismo, calificó de absurdo que los ejidatarios y barzonistas llevaran niños y a sus familias para destruir el rancho que ha sido propiedad de los LeBarón por más de 35 años.

Organizaciones derechohumanistas que forman parte de la alerta preventiva para personas defensoras y periodistas de Chihuahua también se pronunciaron por la confrontación ocurrida ayer.

“Hubo balazos por parte de integrantes de la familia Lebarón y sus custodios en contra de productores y productoras de la región de la cuenca hidrológica del Río del Carmen, quienes acudieron al lugar desarmados a realizar una inspección para documentar la explotación ilegal del agua”, explicaron en un comunicado emitido esta tarde.

Por decreto presidencial, el rancho de los LeBarón forma parte de una zona de veda desde 1957, pero esa familia y otros productores realizaron el desmonte de tierras y perforaron pozos ilegales con títulos apócrifos, situación que ha sido denunciada por los pobladores de la región en espacios locales y nacionales.

De acuerdo con los activistas, hasta ahora la problemática ha traído como consecuencia el asesinato de tres defensores de derechos humanos integrantes de El Barzón Chihuahua: Ismael Solorio, Manuelita Solís y Alberto Almeida. Los crímenes continúan impunes.

El 7 de marzo de 2016, un grupo conformado por 26 organizaciones de la sociedad civil y periodistas de Chihuahua solicitó a Roberto Campa Cifrián, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la urgente adopción de una alerta temprana que previniera futuras agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, ante la desprotección y el riesgo que viven en el estado.

En abril de 2017 se instaló la mesa agroambiental entre organizaciones de la sociedad civil del estado y autoridades federales y estatales, con el objetivo de revisar casos concretos en los que existen flagrantes violaciones a derechos humanos, como la instalación ilegal de pozos en el predio donde vive la familia LeBarón.

“Aun contando con estos elementos, las autoridades han sido incapaces de realizar acciones contundentes encaminadas a solucionar la problemática con quienes abierta e impunemente agotan el recurso hídrico en perjuicio principalmente de pequeños y medianos productores y que representa un daño irreparable para la entidad. Mientras tanto, la familia LeBarón promovió un amparo en el tribunal federal de justicia administrativa que está pendiente de resolverse. Utilizan a justicia para alargar procedimientos y continuar con actividades en el predio mediante el uso ilegal del agua”, denunciaron.

El grupo de organizaciones urgió a las autoridades a que cumplan con su obligación de protección al medio ambiente y que se aplique la ley para evitar la sobreexplotación ilegal del agua en la entidad, además de frenar el ecocidio que han cometido y cometen los LeBarón, antes de que la violencia escale y haya consecuencias funestas.

“Las autoridades deben garantizar que no siga proliferando la apertura de pozos ilegales y desmonte de tierras realizado por la familia LeBarón y que se sancionen estos delitos medioambientales. Por último, exigimos que las autoridades federales y estatales garanticen plenamente la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua y de las comunidades de la región de la cuenca hidrológica del Río del Carmen”, concluye el comunicado.