Guadalajara.- El tema ambiental no juega en estas elecciones a gobernador, coincidieron los panelistas invitados ayer por el Observatorio de la Comunicación y la Cultura del Iteso, a un foro sobre esa temática, en especial, el agua, en relación al proceso comicial que se lleva a cabo en Jalisco.
Jorge Rocha, analista político y académico de la casa de estudios, y Héctor Castañón, activista social y experto en temas urbanos, reconocieron que lo importante ha sido, desde hace muchos años, subordinado a lo urgente, y que el conocimiento científico y su socialización han fracasado en buena medida como para convertirse en parte de un discurso o una narrativa política que reconozca que lo ambiental es la base que sustenta el desarrollo.
Es por eso que no extraña que las plataformas de los postulantes sólo reflejen tangencialmente esa agenda no obstante su notable pertinencia: temas como el abastecimiento de agua de la metrópolis o de los miles de poblados del Jalisco rural; la calidad del agua que es precaria debido a la contaminación en casi todo el territorio estatal; la falta de políticas de urbanización sensatas que protejan los cuerpos de agua, las zonas de recarga y las partes bajas de las cuencas, con lo que se evita zonas nuevas de inundación; la escasa inversión de infraestructura en las ciudades, que se refleja en tuberías y colectores ya "rendidos" y que ocasionan fugas cuantiosas y contaminación; y en general, los efectos de todo esto en la salud de la población, tienen poco impacto en la oferta política.
Reconocieron que la excepción que confirma la regla es el proyecto El Zapotillo, en el cual, el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, desde 2016 ha establecido la prioridad de impedir el trasvase de agua a la ciudad de León, y ha establecido un compromiso fuerte con la región alteña. El asunto reviste tal trascendencia –Los Altos son la segunda reserva de votantes de Jalisco, tras el área metropolitana de Guadalajara- que los otros candidatos, también se han subido al tema, incluso el Partido Acción Nacional, que en el pasado fue el que vertebró la decisión de dividir el agua del río Verde para los dos estados, sin tomar en cuenta las necesidades de la meseta de 800 mil habitantes.
Pero eso no permite ver la falta de sustentación de una agenda ambiental seria: no hay planteamientos sobre el bosque o las selvas, el cambio climático, la salud ambiental, la preservación de especies únicas –Jalisco es uno de los seis estados más ricos del país en biodiversidad- o sobre modelos de desarrollo que no solo reduzcan la huella de carbono, sino que sustenten estilos de vida sostenibles, bajos en residuos, modestos en consumo de agua y en entornos de comunidades urbanas bien organizadas y resilientes, es decir, con capacidad para afrontar los desastres y restablecerse.
El problema para fortalecer esta agenda es la debilidad de la sociedad civil, constantemente mermada con incursiones al gobierno que debilitan sus activismos, y carente de una visión de conjunto que permita incidir de forma más directa en el debate público. Otra ausencia es la precariedad de los datos para la toma de decisiones y la omisión en judicializar expedientes conflictivos para obligar a integrarlos a una estrategia política. Tal y como sí se hizo con el caso El Zapotillo por los grupos civiles de la zona.
