El servicio de agua en la CDMX es deficiente. No tenemos una cobertura de 24 horas y siete días a la semana con una presión adecuada; la calidad del agua es dudosa, pocos se atreven a beberla directamente de las tomas o del grifo; amplias zonas en el oriente de la ciudad padecen escasez crónica. El Sistema de Aguas de la CDMX no tiene suficiencia financiera, ya que sus ingresos ni remotamente cubren sus costos de inversión y operación. Los subsidios no son transparentes ni equitativos, y las tarifas domésticas en general no incentivan el ahorro y la eficiencia en el uso del agua. No hay micromedición suficiente, y en grandes áreas de la ciudad las tomas domiciliarias carecen de medidores.
Las fugas son exageradas y superan 40% del volumen total de suministro (en ciudades civilizadas las fugas se aproximan a 10%), por la falta de inversión en la rehabilitación de redes; mientras que la eficiencia física, técnica y comercial del sistema es muy baja. En general, la inversión está muy por debajo de lo requerido para un servicio de calidad a lo largo del tiempo. El tratamiento local de aguas residuales y su reuso en la industria, servicios, riego de áreas verdes, recuperación de cuerpos lacustres o recarga de acuíferos es muy restringido. No hay un consejo de administración en el Sistema de Aguas de la CDMX, ya que es parte integral de la burocracia de la administración central.
No existen objetivos claramente definidos de calidad, cobertura, eficiencia y servicio a los usuarios, ni programas a mediano y largo plazo, ni esquemas de gobernanza corporativa, ni mecanismos de participación de los usuarios. Las tarifas son objeto de manipulación política y clientelar, y no obedecen a criterios de eficiencia y viabilidad financiera del sistema. El Sistema de Aguas de la CDMX es un monopolio natural (igual que todos los sistemas de aguas u organismos operadores), y sin embargo no existe una entidad de regulación, como los hay en electricidad, comunicaciones, autopistas, aeropuertos o hidrocarburos. Hay un conflicto de interés en el sistema, ya que están concentradas en una sola entidad las actividades de planeación y operación. No hay metas ni estándares de servicio, no se evalúan inversiones ni sus alternativas, ni se asumen referencias a mejores prácticas nacionales e internacionales. Y lo más grave: no hay consideración práctica a la sustentabilidad de las fuentes de suministro y del sistema mismo a largo plazo, tomando en cuenta la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos (que aportan la mayor parte del agua utilizada en la ciudad), y la necesaria búsqueda de nuevas fuentes en cuencas externas.
Enfrentar y resolver la problemática anterior no es ficción institucional o política. En muchas ciudades del mundo, e incluso en ciudades mexicanas, se resuelve, total o parcialmente a través de diseños institucionales eficientes. Estos incluyen diversas modalidades de participación privada (incluyendo la privatización plena como en los casos exitosos de Saltillo y Aguascalientes); la constitución de los organismos operadores del sistema de agua como organismos descentralizados o empresas con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, de gestión y financiera; algún esquema de regulación independiente sobre el organismo operador; gobernanza corporativa y consejos de administración con participación de usuarios; planes y programas a mediano y largo plazo, estándares y metas de servicio, e indicadores de desempeño; y por supuesto, despolitización, profesionalización total, y personal y funcionarios altamente capacitados y con experiencia.
La CDMX requiere un profundo cambio institucional, particularmente, la creación de una empresa pública (o privada) a cargo del Sistema de Aguas, con amplia participación privada y que cumpla con los planteamientos anteriores. Habría que superar para ello verdaderos abismos ideológicos.
