Pese a que El Salvador ha tenido avances significativos en el sector agua, más 600.000 personas no tienen acceso a ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento, ni siquiera a través de la recolección de aguas lluvia y Naciones Unidades exhortó al gobierno a enfocaren el derecho al agua los planes y políticas nacionales para enfrentar el cambio climático.

El experto de Naciones Unidas Léo Heller, dijo el miércoles en conferencia de prensa que pudo comprobar también que más de un millón de personas solo tienen acceso a un servicio deficiente que no garantiza la potabilidad del agua.

"Básicamente el mensaje central es que El Salvador precisa mirar con mucha atención el acceso al agua y saneamiento de la población más desfavorecida", manifestó el experto al concluir la evaluación de como el país implementa sus obligaciones de derechos humanos relativos al agua potable y al saneamiento.

Afirmó que pudo constatar que "la mayoría de las personas afectadas por la actual sequía ya vivía con anterioridad en situaciones precarias con un acceso limitado o nulo a los sistema de agua potable". El Salvador ha sido afectado por una sequía desde el 2013, que afecta principalmente al área rural de la región oriental denominado "el corredor seco".

El experto de la ONU señaló que en el ámbito urbano observó que la crisis por falta del líquido afectó con mayor grado a los habitantes de los municipios de la periferia metropolitana, "que algunos ya sufrían desde hace más de 20 años de servicios intermitentes de agua".

Heller dijo en informe que se observan graves problemas de disponibilidad de agua para consumo humano, lo cual está estrechamente relacionado con la gestión de las aguas superficiales y subterráneas. Censuró la sobreexplotación de manantiales estratégicos para el consumo humano.

"Es muy importante dejar muy claro que un principio central de los derechos humanos al agua y saneamiento es la prioridad de uso del agua para consumo humano y no para actividades económicas, entonces es muy central que El Salvador considere ese principio en su marco legal que la prioridad del uso del agua debe ser para consumo humanos", afirmó.

El relator de la ONU se refirió también al marco legal y señaló que los compromisos internacionales asumidos de El Salvador sobre los derechos al agua y al saneamiento no han sido todavía traducidos en su marco interno legal y exhortó al gobierno y los partidos políticos a incorporarlos legalmente "a través de la reforma constitucional y la aprobación de una Ley de Agua que privilegie las necesidades de los que viven en situaciones más vulnerables".

Dijo que cuando se discuta la reforma constitucional hay que tomar en cuenta tres principios importantes: que el acceso al agua y saneamiento deben de estar en el centro de toda formulación legal; que se debe reconocer que el uso prioritario del agua debe ser para consumo humano sobre otros usos con fines económicos; y que el modelo de gestión sea incluyente, que involucre a todos en especial los que no tienen suficiente voz y espacio para expresar sus necesidades.