La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA-CLM) expresó ayer su preocupación por la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Guadiana (PHG) que, a su juicio, perjudica la gestión y el uso de las aguas de la cuenca en el Alto Guadiana.

El nuevo Plan Hidrológico, según la organización agraria, no aporta ningún beneficio ni al uso ni a la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Guadiana y, muy al contrario, supone un paso atrás para el sector de la agricultura.

El secretario general de UPA-CLM, Julián Morcillo, explicó en rueda de prensa que el nuevo Plan relega el uso agrario de las aguas y, además, no supone una ninguna solución a la regularización de los pozos, uno de los principales problemas de la cuenca del Alto Guadiana y que se estaba empezando a solucionar con la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).

En este sentido, Morcillo aseguró que la nueva propuesta del Gobierno «entierra» definitivamente el PEAG contemplado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, a través del cual se estaban consiguiendo algunos avances como la compra de derechos, la regularización de leñosos o la construcción de la Tubería Manchega.
Morcillo enumeró, además, algunas de las razones por las cuales su organización agraria a nivel nacional se ha mostrado contraria a la aplicación de este Plan Hidrológico y por la que votó en contra en el Consejo Nacional del Agua.

A UPA, según Morcillo, «nos preocupa mucho lo que vaya a ocurrir con los expedientes de regularización de pozos, sobre todo porque son más de 2.000 profesionales los que esperan respuesta».

El exministro del Interior y vocal de la Comisión de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Camacho, aseguró que «hoy -por ayer- es un día fatídico para la Justicia y los ciudadanos» tras la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales.

Camacho, que se reunió con representantes de colectivos de abogados, procuradores, jueces, funcionarios y ciudadanos de Ciudad Real para analizar la entrada en vigor de esta Ley, señaló a los medios que su entrada en vigor supone que «una parte importante de la sociedad que va a ver gravemente comprometida la posibilidad de pedir justicia».

El diputado socialista comentó que el Partido Popular, con la aprobación de esta Ley, «se equivoca profundamente porque desprecia el Estado de Derecho, al no garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales de Justicia».

Para Camacho, el Partido Popular debe convencerse de algo que, en su opinión es esencial, «que no se puede salir de la crisis a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos» y le ha pedido al Gobierno de Rajoy que «reconsidere» la aplicación de esta medida.

Para el diputado socialista el paso que ha dado el PP es «especialmente grave», porque afecta a la garantía de los derechos de los ciudadanos que han de encontrar esta garantía en la Administración de Justicia, en los jueces y en los tribunales.

El ex ministro sostuvo que la sociedad en su conjunto es consciente que la Ley es «notoria e intensamente perjudicial para los ciudadanos».