San Juan, El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García, prometió hoy que buscará opciones que permitan reducir un alza promedio mensual de 20 dólares en la tarifa de agua potable, que dejó programado el anterior gobierno.
"Estamos buscando mecanismos para evitarlo pero lo que dejó programado la pasada administración era que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) tenía que conseguir 360 millones de dólares nuevos, lo que llegaría a ser hasta 500 millones de dólares en este cuatrienio", aclaró.
El aumento dejado por el gobernante anexionista Luis Fortuño estaba pautado para febrero, cuando la estatal AAA acudiría al Banco Gubernamental de Fomento a pedir una nueva línea de crédito, pero entonces García lo aplazó hasta julio.
Para conjurar el endeudamiento, que podría alcanzar los 529 millones de dólares para 2017, la tarifa básica de acueductos y alcantarillado se incrementaría de 19.71 a 31.42 dólares, un golpe para el bolsillo de los ciudadanos.
"Esto ha sido una falta de respeto que le ha hecho el pasado gobierno al país pero en mi gobierno no vengo a dar excusas", dijo el gobernador.
García designó un comité multisectorial para explorar alternativas para que no se impusiera el aumento en el agua, pero solo identificó medidas que llegarían a 17,1 millones de dólares, cantidad muy reducida en comparación con el déficit de la AAA.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, calificó de inaceptable el alza proyectada en la factura del agua y sugirió varias medidas para evitar o mitigar el impacto al consumidor.
Perelló, del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que si la AAA compra directamente el sobrante de gas natural de la compañía EcoEléctrica, ahorraría unos 80 millones de dólares al año.
"El costo energético de la AAA ha subido en una década en 130 por ciento, de unos 70 millones en 2004, ahora son 175 millones de dólares", afirmó el presidente de la cámara baja tras reunirse con el director ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro.
Recordó que el tiempo apremia ante el inicio de un nuevo año fiscal el 1 de julio próximo.