El compromiso del Gobierno de Panamá de que el manejo del agua mantendrá su carácter público, y la retirada de una ley relacionada que analizaba el parlamento, marcan hoy el debate sobre posible privatización del servicio.

Una nota oficial de la Secretaría de Comunicación del Estado, ratificó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) 'seguirá operando como una institución de carácter público, cuya actividad principal es la producción y el suministro de agua potable, así como el manejo de aguas servidas (negras)'.

La comunicación se produjo tras un encuentro entre autoridades gubernamentales y miembros de la Asociación de Trabajadores del Idaan (ATI), quienes desde hace varias semanas mantienen reiteradas manifestaciones, marchas y otras protestas públicas en alerta de la posible entrega de los servicios a privados.

Un acuerdo firmado por Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, y Mercedes Cigaurruista, por la ATI, estableció que la asistencia técnica que contratará el Estado tiene como propósito fortalecer la capacidad técnica y operativa de la institución y no perjudicará a sus trabajadores.

Al calor de los debates, el diputado Juan Arango, de la coalición oficialista, retiró una propuesta de Ley para modernizar el organismo rector, por considerar que creó intranquilidad a más de dos mil 600 funcionarios del mismo, a pesar de que buscaba 'mejorar un servicio tan noble y querido por el pueblo'. El proyecto presentado a la Asamblea Nacional desde septiembre de 2016, daría a la nueva institución propuesta con categoría de Autoridad, la potestad para crear el reglamento que contemplara, entre otros, el 'otorgamiento de concesiones', según su artículo 12, numeral seis, inciso 'e'.

Además, el numeral ocho del propio artículo también autoriza al organismo para la aprobación de políticas sobre actividades comerciales, industriales o de servicios, 'ya sea directamente por esta o por concesión a terceros'; en ambos casos los funcionarios interpretaron tales decisiones como peligro de privatización.

El cuerpo legal también hace referencia a que la Autoridad estaría sujeta a 'régimen laboral especial basado en un sistema de méritos' y describe la forma de selección del personal, pero el texto no ofrece garantías a la permanencia de los actuales trabajadores.

La única referencia es que el plan general de empleo y los méritos 'en ningún caso serán estas condiciones inferiores a las existentes en el Idaan', lo que dejaría a la continuidad de los actuales empleados a la interpretación de quien aplicara la Ley, otro de los motivos por los cuales se produjeron las protestas.

El analista Marco Gandásegui opinó que 'el Gobierno del presidente (Juan Carlos) Varela hace esfuerzos para privatizar el servicio de agua potable del país. Los monopolios internacionales, que están a la espera del anuncio de la concesión, exigen que el Idaan ofrezca condiciones más favorables.'