El experto independiente de la ONU Alfred de Zayas consideró hoy que el Banco Mundial (BM) debería ir más allá de financiar megaproyectos para fomentar el desarrollo y apoyar proactivamente iniciativas más pequeñas e incluyentes para crear empleos y hacer progresar los derechos humanos.

En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que celebra su trigésimo sexta sesión ordinaria, Zayas aboga por que el BM evalúe antes de aprobar préstamos para proyectos su impacto en los derechos humanos, en la salud y en el medioambiente.

"El progreso no puede ser medido solo por el aumento del PIB, sino que también debe comprender el disfrute reforzado de los derechos humanos y un mayor estándar de vida", recalcó el relator sobre la promoción de un orden democrático y equitativo de la ONU.

Según este experto, hay "numerosos ejemplos" de violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente en conexión con proyectos que el BM ha financiado, entre ellas supuestos desahucios masivos y reasentamientos involuntarios, la enajenación de tierras, polución, la destrucción de sustentos de vida, trabajo forzado y explotación infantil, así como abusos sexuales.

"El BM debería dejar de financiar proyectos que impactan negativamente en los derechos de las personas y debería en su lugar combinar el crecimiento económico con la promoción de la seguridad alimentaria, el agua potable, la atención médica, la educación y el empleo, así como la distribución equitativa de la riqueza", dijo.

En su opinión, la financiación otorgada por el BM a un proyecto debería quedar suspendida cuando se cometen graves violaciones de los derechos humanos, y además las víctimas deberían poder acceder a una indemnización eficaz y los activistas que expresan preocupaciones no deberían ser intimidados o sufrir represalias.

Asimismo, sostiene que ningún proyecto que afecte a las vidas y las culturas de comunidades indígenas debería ser aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las personas afectadas.

Por todo ello insta al BM a actualizar o enmendar sus acuerdos con los países cuando concede préstamos, a fin de salvaguardar los derechos humanos y proteger el medioambiente.