Mexicali, BC-. El Congreso de Baja California aprobó el dictamen 95, que propone endeudar al estado por casi 83,000 millones de pesos para garantizar un pago mínimo anual por 37 años, para la producción de agua de dos plantas desalinizadoras, una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito.

Consolidated Water Corporation y RWL Water son las compañías responsables de las desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, respectivamente. Ambas, bajo la figura de Asociación Público Privada, invirtieron en los proyectos y recibirán el pago por la producción de agua.

Baja California tendrá la planta desaladora más grande de América Latina, que tendrá una capacidad de 4,400 litros de agua por segundo y para la cual se estima una inversión de 11,170 millones de pesos; su operación desde Playas de Rosarito servirá para atender las necesidades de este municipio, pero también las de Tijuana y Tecate.

En el caso del poblado al sur de Ensenada, en San Quintín, el proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una planta desaladora con capacidad de producción de 250 litros por segundo que incluye una batería de seis pozos para captación de agua de mar, para la cual se requieren 560 millones de pesos.

El diputado de Morena de Tijuana, Catalino Zavala, explicó que el dictamen aprobado compromete al estado a pagar una cuota anual por 37 años para ambas plantas, con la intención de asegurar un pago mínimo por la producción de agua.

La propuesta del dictamen 95, lanzada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue aprobada con la ausencia de los grupos parlamentarios de Morena, Partido de Baja California y del Partido Encuentro Social, es decir, mayoría del PAN y del PRD.

MODIFICACIONES

El Congreso local aprobó las modificaciones al decreto de Vega de Lamadrid, el cual ha sido votado 57 veces y rechazado, hasta el fin de semana pasado.

En diputado panista, Carlos Torres, manifestó que el dictamen se puso a discusión nueve contratos bajo la figura de Asociación Público Privada, de los cuales dos son para la edificación de desaladoras, para las cuales será necesario destinar cerca 83,000 millones de pesos a 37 años.

La oposición en el Congreso anunció que buscarán un recurso de inconstitucionalidad o una consulta ciudadana para dar marcha atrás la propuesta del mandatario que implica el endeudamiento de casi 40 años para los bajacalifornianos.