Reubicar, salida a las inundaciones

Al menos 14 millones de personas habitan en zonas de alta vulnerabilidad, la mayor parte en las orillas de vasos de presas, ríos, arroyos, lagunas y lagos. La Conagua, pretende reubicarlos antes de 2012

Domingo 11 de julio de 2010 Noé Cruz e Ignacio Alvarado
politica@eluniversal.com.mx | El Universal

Al menos 14 millones de mexicanos viven en zonas de alta vulnerabilidad, mayoritariamente a orillas de vasos de presas, ríos, arroyos, lagunas y lagos. Se trata de individuos asentados sobre corredores federales, a los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende reubicar antes de 2012.

Las personas radicadas en tierras susceptibles de desastres por efecto de inundaciones deben ser desalojadas con ayuda de gobiernos estatales y municipales, de acuerdo con el Programa Prioritario de Proyectos de Delimitación de Zonas Federales 2010.

El plan pretende delimitar, este año, zonas federales en las cuencas más vulnerables localizadas dentro de los estados de Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Distrito Federal.

Alteraciones ambientales han provocado en algunas zonas del país lluvias extraordinarias, cuyos efectos devastadores dejaron cientos de miles de damnificados los últimos tres años.

El análisis de la Conagua, realizado en junio de 2009 por Octavio Esquivias Campoy, jefe de Proyecto Hidráulica Pluvial, y Luis León Espinoza Nuñez, subgerente de Análisis Hidrológico, añade que la vulnerabilidad aumenta debido a factores de carácter humano.

La deforestación, azolvamientos y socavación de cauces, falta de presas de regulación, asentamientos humanos irregulares y concesiones a particulares y a los gobiernos locales, dificulta el propósito de reducir los riesgos de catástrofes en forma significativa.

La meta es retirar al menos a 10 de los 14 millones de personas que se cree que radican en zonas de alta vulnerabilidad, ya que algunos de los propietarios tienen derechos sobre la tierra derivados de la antigüedad de la ocupación, para lo cual se requieren trabajos de delimitación y reubicación en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Puebla, Querétaro, Hidalgo, estado de México y Tlaxcala, en la zona centro.

La región sur, donde las precipitaciones de lluvia son mayores al resto del país, comprende a Chiapas, Campeche, Guerrero, Veracruz y Tabasco, entidad, ésta última, devastada por inundaciones consecutivas desde 2007.

Trabajos a destiempo

En el estudio, los funcionarios de la Conagua revelan fallas oficiales, como la falta de aplicación de la ley. De tal manera, proponen en lo sucesivo “dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y hacer que se respete la propiedad federal”.

Para tal efecto, la dependencia informó que se realizarán estudios y trabajos de topografía, aerofotografía e hidrológicos con los que se definirán las avenidas máximas de los cauces.

Dichos trabajos incluyen también mediciones sobre nivel de agua y establecimiento de franjas de cinco o 10 metros a cada lado o en la periferia de un cuerpo de agua (presa, lago o laguna), mediante la construcción de mojoneras, con el fin de evitar invasiones humanas en esta porción de terreno.

El proyecto demandó una inversión, en 2009, de 63.3 millones de pesos. Este año, según informes de Conagua, se pretende ejercer 253.7 millones de pesos.

Sin embargo, los trabajos no han iniciado debido a factores como limitaciones presupuestales, conflictos políticos, y la oposición de los mismos colonos, según un alto funcionario de la dependencia, que habló a condición del anonimato.

En ello concuerdan los encargados del análisis. Ambos sostienen que la problemática para establecer la propiedad federal se agudiza cuando los cauces cruzan zonas de asentamientos humanos o de aprovechamientos del agua. La delimitación, por lo tanto, tendría un doble propósito, explicaron.

Ayudaría “a solucionar problemas de tenencia de la tierra en las riberas de las corrientes, no permitiendo asentamientos humanos en dicha zona, a dictaminar las solicitudes de concesiones de los usuarios en zonas federales, así como permisos para extracción de materiales y sobre la regulación de los existentes, al tiempo que se estará en posibilidades de emitir dictámenes técnicos para la construcción de las obras que se realicen en cauces y zonas federales”.

Es la forma, informaron, de poner alto al desorden territorial que ha permitido la invasión de asentamientos humanos en las zonas federales.

Costos del desorden

Es el caso de concesiones con las que luego se obstruye el paso del agua, como sucedió en el río Santa Catarina, en Monterrey, con el huracán Alex, donde se habían instalado mercados y construido canchas de futbol rápido, pistas para Go Kart y hasta campo de golf.

“Los efectos y costos provocados por los últimos huracanes nos han demostrado que puede resultar más barato reubicar a esos 14 millones de mexicanos paulatinamente, que gastar enormes cantidades anuales en trabajos de reconstrucción”, dice el funcionario de Conagua que habló bajo anonimato.

Entre los años de 1970 y 2007, impactaron las costas de México 162 ciclones tropicales, de los cuales cinco alcanzaron los dos niveles máximos de un huracán —con vientos de entre 210 y hasta 250 kilómetros por hora—: Gilberto, Kenna, Emily, Wilma y Dean, que dejaron a su paso devastación y cientos de miles de damnificados, según informes del Servicio Meteorológico Nacional y el Weather Service de Estados Unidos.

Los últimos tres, precisa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), causaron daños por mil 648 millones de dólares aproximadamente y gastos de reconstrucción por 2 mil 750 millones de dólares.

Ahora, el huracán Alex puso en jaque el noreste del territorio nacional provocando severas inundaciones y el desalojo de al menos 250 mil habitantes en Monterrey y Tamaulipas.

El secretario de Seguridad Pública de Monterrey, Luis Carlos Treviño, calcula el costo de los daños, tan sólo en el municipio, en 10 mil millones de pesos, unos 800 millones de dólares.

Afrontar los daños representa un gran desafío para el gobierno federal.

“Para atender la emergencia en el noreste del país, se requieren miles, miles de millones de pesos, y eso va a requerir una economía más fuerte y mayores ingresos del gobierno federal, que supongo que en estos momentos no los hay”, declaró el viernes José Luis Luegue, director general de la Conagua.

El mismo José Luis Luegue Tamargo, durante la presentación del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, había dicho que en materia de ordenamiento territorial, “es necesario concluir la delimitación de las áreas más vulnerables en términos de inundación o posibles fallas de laderas, a partir de las experiencia acumulada e información disponible, para evitar los asentamientos humanos en ellas, y en la medida de lo posible, proceder a la reubicación de los habitantes que ya existen en estas zonas, con el fin de garantizar su seguridad”, lo cual no ha sido posible por la falta de recursos.

El gerente de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola de la dependecia, Alberto Fernández Cervantes, explica que “esta situación ha elevado el nivel de riesgo por inundaciones de amplias regiones agrícolas (tanto de riego como de temporal, calculadas en 1.7 millones de hectáreas productivas), así como de vidas de quienes habitan en los centros localizados en las áreas de influencia de ríos, arroyos y presas”.

Zonas expuestas

Hasta ahora, la Comisión Nacional del Agua ha detectado puntos críticos en varios estados de la República. En la zona norte, por ejemplo, el estudio menciona los centros de población cercanos a los ríos Colorado, Nuevo, Tijuana, Fuerte, Yaqui, Bravo, Chuvíscar, Conchos, Nazas, San Pedro, Pánuco y Tamesí, que suman una longitud de recorrido de aproximadamente 8 mil 655 kilómetros, están expuestos a fuertes inundaciones.

Para la zona centro del país, los principales ríos involucrados en la problemática son: Acaponeta, Ameca, Bolaños, Cañas, río Santiago, Huaynamota, Armería, San Juan de Dios, Balsas, Cupatitzio, Duero, Cuale, Mojo, Acatlán, Atoyac, Pantepec, Tula, los cuales suman una longitud de recorrido de aproximadamente 3 mil 300 kilómetros.

Y en el sur, los ríos que más preocupan son el Grijalva, Suchiate, Usumacinta, Coatzacoalcos, Papaloapan, Tonto, Actopan, Cazones, Jamapa, Tuxpan, Tapachula, Huixtla, Huehuetan, Pijijiapan, Vado Ancho, que se extienden en una longitud de recorrido de aproximadamente 3 mil 290 kilómetros.
Adicionalmente, el estudio advierte sobre aquellos cauces de arroyos y ríos que sólo llevan agua en épocas de lluvia y que son ramales de todos los anteriores.

En algunos de estos sitios, en época de lluvias, se presentan desbordamientos y erosiones considerables sobre los bordos existentes que delimitan el cauce (sean naturales o construidos), debido a las altas velocidades que alcanzan los torrentes, advierte el estudio.

Pocos y pobres

A pesar de que en estos ríos se realizan trabajos de mantenimiento y conservación, el organismo reconoce que en las condiciones de los bordos existentes, hay “una alta posibilidad de que el agua inunde extensas zonas agrícolas y numerosos centros de población”, dado que la Conagua no dispone del personal técnico y equipo suficientes para llevar a cabo la supervisión de las obras y debe recurrir a supervisión externa.

Actualmente se dispone de “un sólo ingeniero” responsable del programa de supervisión por zona. Tres en total para todo el país, de acuerdo con el organigrama de la dependencia.

A ello se suma que, debido a la amplia cantidad de obras y al escaso presupuesto asignado, se realiza una jerarquización de las mismas, priorizando aquellas que presenten las condiciones más adversas en su cauce, como el alto grado de azolvamiento, el cual resta capacidad hidráulica al cauce de los ríos.

Conagua concluye que “los recursos anuales que se presupuestan no son ni los mínimos necesarios para atender las grandes demandas y necesidades urgentes que se requieren de rehabilitaciones, preparaciones u obra nueva, dada el gran número de ríos y la cantidad de superficie inundada de las zonas agrícolas y afectaciones a la infraestructura hidráulica federal y rural que se presentan año con año, así como pérdidas de superficies agrícolas, como consecuencia de las socavaciones, azolves y desbordamientos por las avenidas de los ríos”.

 

Fuente:
Noé Cruz e Ignacio Alvarado (11 de julio de 2010)Reubicar, salida a las inundaciones. El Universal
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