La posible participación de la iniciativa privada en el establecimiento de las tarifas del agua en la ciudad de México detonó la discusión en torno a si este recurso es un derecho humano, accesible a todos, o debe concebirse como una mercancía en medida del consumo y desperdicio.

Para el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, el planteamiento es que “necesitamos asegurar que las tarifas sean bajas para consumos básicos, pero no puedes estar subsidiando el agua para cualquier uso que sea desperdiciar", explica a EL UNIVERSAL.

Ejemplifica: “¿es un derecho o mercancía? Si va para la industria es mercancía, si va para el restaurante es mercancía, si va para que te laves los dientes, es un derecho, pero si dejas abierta la llave es mercancía”.

Sin embargo, legisladores locales y especialistas consideran que se puede vulnerar como derecho humano en caso de que se determine que se manaje como una mercancía.

Indispensable para la vida

Aguirre asegura que aun cuando representantes de la iniciativa privada participen en la junta de gobierno que se propone crear en el SACM, la decisión de la política de tarifas será colegiada y no sólo de ese sector.

“El agua es un servicio público que garantiza el sistema de agua de un insumo indispensable para la vida humana que no se puede convertir en mercancía; ¿si alguien que no tenga dinero para pagar, entonces que, qué no consuma agua?”, señala la diputada perredista Valentina Batres.

El legislador blanquiazul Juan Carlos Zárraga considera que hay riesgos de que se forme una junta del SACM “a modo”, con lo que la determinación de las tarifas estén en riesgo y no se garantice la accesibilidad a todos.

Para Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambienta, es un derecho humano, pero también, dijo, “si no te cuesta no te importa desperdiciarla”.

El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Roberto Constantino dice que ese derecho está garantizado en la Constitución, pero en la realidad hay personas que no tienen el servicio y en otros casos la reciben de mala calidad.

El investigador señala que los puntos controversiales de la iniciativa son la determinación de las tarifas por la junta de gobierno del SACM y ya no por la ALDF; la posibilidad de venta de agua a particulares y la restricción del servicio a quienes se retrasen en el pago de dos bimestres.