América Latina y el Caribe alberga a más del 30% de agua dulce del planeta, desde los glaciares de las montañas de los Andes, hasta los bosques nublados del Amazonas. Sin embargo, un cuarto del territorio de la región está cubierto por zonas áridas. Y aunque solo seamos 6% de la población mundial, los efectos del cambio climático a través de inundaciones y sequias han aumentado en intensidad y frecuencia, afectando peligrosamente las fuentes de agua, tanto en la zona rural como en las ciudades. Por ende, brindar acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad a poblaciones cada día más urbanas, es ahora más que nunca un gran desafío.

A primera vista, podemos decir que América Latina y el Caribe ha estado a la altura de los desafíos: entre 1990 y el 2015, más de 220 millones de personas (de un total de 600 millones) se incorporaron a los servicios de agua y saneamiento. El porcentaje de personas con acceso a mejores servicios de agua pasó del 85% al 95% y en saneamiento adecuado el porcentaje aumentó del 67% al 83%.

Pero no podemos quedarnos ahí. Hoy, todavía quedan 34 millones de personas sin acceso a agua, y las cifras son más alarmantes para saneamiento: 106 millones no cuentan con acceso a saneamiento adecuado y 19 millones practican defecación al aire libre. Como es de esperarse, las estadísticas son aún más alarmantes para los más vulnerables y las zonas más remotas de nuestro continente. La gran disparidad urbana-rural, se traduce en una cobertura de los servicios de agua y saneamiento rural en el 2015 (84% y 64%, respectivamente) semejante a la cobertura del sector urbano 25 años atrás.

¿Por qué persisten estas brechas en cobertura? Podríamos pensar que se trata de un tema de financiamiento. En efecto, como región, en los últimos 25 años, hemos invertido menos de medio punto porcentual de nuestro PIB en nueva infraestructura de agua y saneamiento. Enfrentamos también un reto en el mantenimiento de nuestras redes existentes. Por ejemplo, del total del agua producida, aproximadamente la mitad se pierde en las redes debido a fugas, principalmente, físicas.

A este panorama se añade el desafío de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados a finales de septiembre en la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, que plantea una agenda de desarrollo sostenible ambiciosa para 2030. El objetivo 6, se centra en asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y saneamiento para todos, lo que implica que los gobiernos no solo deben trabajar para garantizar la calidad del servicio. También deben reducir la contaminación de las aguas residuales, reforzar la gobernanza del agua, incrementar la eficiencia en el uso de nuestros recursos hídricos y proteger nuestro capital natural.

¿De cuánto financiamiento estamos hablando para lograr este objetivo en los próximos quince años? Aquí algunas cifras: solo para lograr acceso universal en agua, la región necesitaría invertir, como mínimo, 28.000 millones de dólares, y la inversión en saneamiento necesitaría ser aún mayor: 49.000 millones. Esto implicaría un ritmo de inversión de unos 5.100 millones de dólares al año.

En tratamiento de aguas residuales aún estamos muy rezagados: a nivel regional se estima que solo se trata el 18% de las aguas negras generadas, en comparación a 60%, en promedio, en países de altos ingresos. Para el 2030, necesitaríamos reducir el porcentaje de aguas no tratadas a la mitad, lo que requeriría una inversión, solo en los grandes centros urbanos, de otros 30.000 millones de dólares.

Además de lograr el acceso universal, tenemos el reto de mejorar la calidad del servicio para los que ya están conectados a la red. Esto no es tarea fácil. Se estima que unas 200 millones de personas reciben servicio discontinuo de menos de 24 horas por día. Salvo excepciones, la región tampoco cuenta con datos sobre calidad/potabilidad del agua.

Muchos se preguntan cómo hará América Latina y el Caribe para implementar, medir y monitorear efectivamente este nuevo Objetivo 6. Por fortuna, contamos con experiencias de éxito de las que aprender, como en el caso de Medellín, pero también de otras grandes ciudades como Montevideo, Monterrey, Quito, San Pablo o Santiago, donde se ha venido trabajando exitosamente en garantizar acceso sostenible y de calidad a todos sus ciudadanos.

La clave está en reforzar las instituciones del sector para asegurar una buena provisión de servicios y conservación del agua, además de asegurar fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. El reto al cual nos enfrentamos es grande, pero no se puede hablar de desarrollo sostenible sin garantizar agua y saneamiento de calidad para todos.