El municipio acusaba a Metroagua, una empresa participada en un 35% por la empresa pública madrileña, de suministrar agua de mala calidad

El enfrentamiento que mantienen desde hace meses el distrito colombiano de Santa Marta (500.000) habitantes, capital del departamento de Magdalena, y la empresa Metroagua, que gestiona el acueducto y el alcantarillado de la ciudad, ha dado un nuevo giro. El juez ordena a la empresa a entregar toda la infraestructura que incluye bienes muebles e inmuebles de propiedad del distrito de Santa Marta, que están arrendados a dicha sociedad, así como las mejoras autorizadas de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas contractuales y sus modificaciones. El auto es de 15 de febrero de 2017. La empresa, participada en un 35% por el Canal, un 33% por un inversor privado y un 28% por el municipio, cuenta con un plazo de 10 días para acatar la decisión judicial. El ente público madrileño se irá, pero anuncia que continuará luchando judicialmente por recuperar la inversión valorada en 19,8 millones que ha realizado en Santa Marta.

Fuentes del Canal de Isabel II sostienen que su intención era dejar la ciudad el 17 de abril próximo, fecha en la que finaliza el contrato que lleva en vigor 25 años. Los mismos portavoces aseguran que lo tenían todo preparado para el traspaso, con el inventario realizado, el único problema era que el Distrito no les comunicaba a quien tenían que entregar todos los bienes junto con las bases de datos de los clientes, algo que ha clarificado el juez. El Canal continuará litigando judicialmente para conseguir que Santa Marta les devuelva las inversiones que han realizado en la ciudad valoradas en 19,8 millones de euros.

El exalcalde Carlos Caicedo, que pidió las medidas cautelares, indicó ayer a EL PAÍS en conversación telefónica que el municipio tenía muy avanzado el contrato público que regirá la próxima concesión del suministro del agua en la ciudad. Hay dos empresas interesadas en el proyecto, Veolia y Aqualia. En su opinión, la decisión judicial no hace sino reforzar sus denuncias sobre el mal servicio que estaba prestando Metroagua en la ciudad. "Pensamos que las inversiones que ha realizado la empresa se hicieron con plata pública y habrá que determinarlo", aseguró. 

También considera que el auto avala la decisión que tomó el 11 de febrero pasado el actual regidor, Rafael Alejandro Martínez, cuando modificó una cláusula del contrato de arrendamiento inicial del acueducto y alcantarillado firmado por las partes.  El punto que cambió le permitía rescindir de forma unilateral el contrato con la empresa, algo con lo que no estaba de acuerdo el Canal porque consideraban que era una “expropiación de facto”. El ente público madrileño había pedido la suspensión de ese “acto de expropiación” hasta que no se decidiera cual era el modo de transmisión de la empresa y a quién. También ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo colombiano.

El conflicto hacía temer a los samarios que se produjera un desabastecimiento de agua a partir de que finalizara el contrato, en el que se contemplaba una prórroga, que el alcalde no deseaba. Santa Marta es una gran ciudad de veraneo, que ha recibido a más de 100.000 desplazados huyendo de la violencia en los últimos años. Caicedo aseguró ayer que el nuevo contrato de licitación está muy avanzado y "no existirá ningún problema". Es más "se solucionarán", porque está mucho mejor estudiado y será más beneficioso para el distrito. 

Tanto el alcalde actual como su predecesor en el puesto coinciden en que el servicio que está prestando Metroagua es muy deficiente, llevando “agua no potable” a la población, con cortes continuos y falta de las infraestructuras adecuadas, de tal forma que las aguas negras salen por muchos puntos y se mezclan con el agua potable. Una situación que niega de forma rotunda el Canal. El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid denunció la situación en la que se encontraba Santa Marta. Tras la decisión judicial, el diputado Eduardo Gutiérrez, sostiene que "una vez más se pone de manifiesto cómo hace las cosas la empresa pública el Canal". "La Justicia está dando la razón a los samarios", puntualiza.

La salida de la ciudad, según fuentes del Canal, debería haberse producido sin dificultad, debido a que su política actual no incluye la expansión por Sudamérica como en épocas anteriores, durante el mandato del expresidente Alberto Ruíz-Gallardón. De hecho, están cerrando aquellas sociedades cuyo objeto no tiene nada que ver con el ciclo del agua.

Los mandatarios consideran, además, que el contrato que se firmó hace 25 años contiene cláusulas abusivas, entre ellas que se firmó un arrendamiento en vez de la concesión administrativa. También denuncian que a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones del acuerdo inicial que benefician al contratista. Ha desaparecido el pago inicial comprometido de 183 millones de pesos anuales —unos 55.000 euros— y el porcentaje del 33% mensual de la recaudación bruta a solo un 2%. También se pactó que las mejoras en las infraestructuras de cancelarían a costa del distrito de Santa Marta. 

Fuentes del Canal de Isabel II explican que el suministro en la ciudad se ha ido complicando de unos 10 años a esta parte, debido a la persistente sequía que ha vaciado los ríos de los que obtenían el agua. Por ese motivo, tuvieron que construir varios pozos, desde donde se bombea ahora el agua. En cuanto a los cortes de agua que denuncian los alcaldes, se deben a que tienen registradas unas 60.000 tomas ilegales de agua, que provocan caídas en la presión y el consiguiente desabastecimiento. La única solución para Santa Marta es la construcción de un acueducto desde el río Magdalena situado a 90 kilómetros de distancia que, según un estudio de Metroagua, costaría 100 millones de euros. Caicedo asegura, sin embargo, que esa propuesta partió de ellos y que incluso hay una hoja de ruta marcada.