La problemática del agua y desagüe en el Perú presenta una complejidad social y de gestión a la vez, porque no solo se trata de llevar este servicio a los que no lo tienen, sino que en aquellas zonas donde sí existe, la prestación sea de calidad y eficiente por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, denominadas EPS.

En el primer caso, el social, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto como meta terminar su mandato, en el 2021, llevando este servicio a todos los peruanos, las 24 horas del día, y esto ha sido ratificado esta semana por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce.

Es importante que el Gobierno siempre tenga presente este compromiso, pues se trata de atender a los sectores más pobres del país, que son los que carecen de este servicio. No podremos considerarnos una sociedad desarrollada si antes no resolvemos algo tan elemental para toda persona.

El ministro Bruce ha dado cifras concretas que serán dedicadas en el presupuesto público a este objetivo.

Así, ha señalado que este año se cerrará con una ejecución de inversiones de 3,500 millones de soles, y para el 2018 el presupuesto ascenderá a 7,000 millones de soles.

Pero, además, el Gobierno invertirá en los cinco años de mandato 49,543 millones de soles para que el 100% de la población urbana acceda al servicio de agua potable y desagüe, y el 84% de la población rural acceda al agua y el 70% al servicio de desagüe.

Para tener una idea del impacto social de esta inversión, en el país existen unos ocho millones de peruanos que carecen de agua potable y alcantarillado, por lo general son los sectores de menores ingresos, según cifras de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Pero lo más grave, los pobres son los que pagan el agua más cara. Una vivienda modesta de un asentamiento humano puede gastar hasta 90 soles mensuales por el vital líquido que les venden los camiones cisterna, igual o más de lo que paga una vivienda de clase media en Lima.

El otro problema son las EPS. Hay consenso en que estas empresas, lamentablemente, no funcionan bien, se han convertido en bolsa de trabajo del movimiento o partido que controla el municipio, lo que ha generado burocratismo, retraso en las tarifas, y, por supuesto, un mal servicio.

El Gobierno se ha puesto como meta el fortalecimiento y modernización en la gestión de las EPS, para lo cual el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ha iniciado un proceso de intervención en estas empresas para mejorar su gestión.

Hasta el momento, 13 EPS están en el ámbito de la Otass y se proyecta el próximo ingreso de 15 EPS más, bajo una perspectiva de gestión y gerencia privada que garantice la eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, ha informado el titular de Vivienda.

Sin duda, un tema complejo que el Ejecutivo viene resolviendo de una manera ordenada, técnica y pensando en el bien social, dejando en claro que no se trata de ninguna privatización del servicio.