Expertos en derechos humanos de la ONU exhortaron Francia a implementar medidas a largo plazo para que los migrantes en el norte del país tengan acceso a agua y servicios sanitarios.

Tras el desmantelamiento del campamento informal de refugiados conocido como “La Jungla” en noviembre 2016, muchos migrantes siguieron llegando a la zona y se quedaron sin techo y sin acceso a servicios básicos en nuevos campamentos informales ubicados en Grande-Synthe, Tatinghem, Angres y Dieppe.

“Nos preocupa que cerca de 700 migrantes en Calais y sus inmediaciones solo cuentan con 10 retretes portátiles y 10 cañas de agua”, dijo Léo Heller, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento.

El Consejo de Estado, la mayor institución administrativa de Francia, reafirmó la obligación por parte del Estado de proporcionar esos servicios básicos. Sin embargo, se quedó en letra muerta debido a que las autoridades locales rechazaron la implementación de medidas concretas.

“Los derechos humanos se aplican a todos, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus legal, recordó Felipe González Morales, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. “Si bien recibimos con beneplácito el reconocimiento por parte de la corte francesa de la obligación del Estado francés de proporcionar servicios básicos a los migrantes, la autoridad de esas decisiones pierde peso si se quedan sin efecto”, agregó.

Los campamentos dependen del apoyo de voluntarios y de organizaciones no-gubernamentales para que los migrantes tengan un acceso limitado al agua e instalaciones sanitarias. “Se trata solamente de una solución temporaria y no puede ser la única”, insistió González.