El Perú ratificó hoy el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del puerto, cuyo objetivo es eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Setenta y siete países de todo el mundo ya han formalizado su ratificación/adhesión a este Acuerdo – jurídicamente vinculante –, incluyendo a 13 de América Latina y el Caribe: Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Uruguay y desde hoy, Perú,
Con esta ratificación formalizada ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como Organismo responsable del instrumento, el Estado peruano se compromete ante la comunidad internacional a implementar medidas prácticas de vigilancia, así como el monitoreo y control necesarios para asegurar la procedencia legal de los productos pesqueros que arriban a puertos peruanos. Con ello, busca contribuir a la sostenibilidad de estos recursos, de los que dependen más de 200 millones de personas alrededor del mundo.
“Hoy damos un paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal. Este constituye un gran esfuerzo en el que hemos contado con la asistencia técnica constante de la FAO”, afirmó el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi. “La pesca ilegal es una amenaza contra el ordenamiento de los recursos pesqueros; puede perjudicar nuestros esfuerzos de hacer un manejo responsable de nuestros recursos marinos y la consecuente comercialización de nuestros productos hidrobiológicos, afectando los medios de vida y el empleo en el sector”, remarcó.
Perú es un país clave para el cuidado de los recursos marinos y pesqueros y la lucha contra la pesca ilegal: no solo es el principal productor de pescado a escala continental, sino también uno de los 10 principales países productores del mundo.
FAO apoyará a Perú a cumplir con el Acuerdo
La FAO asiste técnicamente al Gobierno de Perú en el fortalecimiento de capacidades institucionales para que el país pueda cumplir correctamente con las medidas del Acuerdo, mediante el mejoramiento de la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades de inspección y los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia del sector pesquero. De igual forma, la FAO facilita actualmente procesos de intercambio de información entre países limítrofes, para robustecer sus sistemas de prevención de la pesca ilegal.
“La correcta implementación del acuerdo contribuye de forma directa al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, centrado en las comunidades pesqueras que dependen de los ecosistemas marinos para su subsistencia”, explicó María Elena Rojas, Representante de la FAO en Perú.
Acabar con las prácticas destructivas de pesca tiene una gran importancia social, ya que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa una seria amenaza a la sostenibilidad de los recursos pesqueros de los que dependen miles de familias para su alimentación y medio de subsistencia.
“En América Latina y el Caribe, más de 2.5 millones de pescadores dependen directamente de la pesca, y en el Perú, esta actividad constituye el principal medio de vida más de 300 000 hombres y mujeres”, señaló María Elena Rojas.
Aunque actualmente no existen datos regionales sobre el impacto económico de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a nivel global se estima que esta actividad sustrae 26 millones de toneladas al año, valoradas en aproximadamente 23 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción mundial registrada.
Además, estas prácticas ilícitas tienen un efecto directo sobre los sistemas para cuantificar los stocks pesqueros, y repercuten en la capacidad de emitir medidas eficaces de ordenamiento y gestión de los océanos.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada impide tener una evaluación fiable sobre las poblaciones de peces, un aspecto clave si se considera que cerca del 31,4 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y el 58,1 % están plenamente explotadas.
