La Ley del Agua del Estado de Oaxaca presentada ante el Congreso Local por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca, abre la puerta a la privatización en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.

La ley propuesta que consta de 126 artículos, establece en el capítulo IV, de manera concreta la participación de la iniciativa privada en la ejecución de obras y proyectos relacionados con los servicios públicos, así como en el financiamiento de obras, instalaciones y equipamiento para la gestión de los recursos hídricos y para la prestación de servicios de agua rural y urbana.

El dictamen expuesto ante el pleno tiene como antecedente la iniciativa presentada por el exgobernador, Gabino Cué Monteagudo durante su sexenio a la 62 legislatura local. En la presente, fue rescatada por el legislador priista Samuel Gurrión Matías

Consta de 126 artículos, está integrada en 9 títulos, los cuales reglamentan el artículo 4° y 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establece la participación del estado los municipios y ciudadanía "para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamientos del agua para su consumo personal y doméstico".

De la misma manera estipula la forma de creación de organismos intermunicipales y descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y crea el Sistema de Información Estatal al Agua y el Registro Estatal de Derechos de Agua.

El dictamen con proyecto de decreto del cual tiene copia Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, señala que, en su artículo tercero “De la participación de la sociedad organizada”, la ciudadanía en general “ cuyos intereses y capacidad puedan aportar beneficios a la gestión del agua”, pueden intervenir en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.

Dicho capítulo en su artículo 37 detalla que “el sector social organizado y los particulares podrán participar en forma organizada en el estudio, proyecto, financiamiento, construcción, ampliación rehabilitación, mantenimiento, conservación, operación y administración”.

A qué le tiran... Artículo 44. Los integrantes de los sectores privado y social en los términos de la presente Ley, y las demás leyes de carácter federal, estatal y municipal, así como en sus respectivos reglamentos, podrán participar de forma individual o colectiva en: l La ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con servicios públicos, y II El financiamiento de obras, instalaciones y equipamiento para la gestión de los recursos hídricos y para la prestación de servicios de agua rural y urbana.

Así también para la administración de los sistemas y la prestación de los servicios públicos del suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento, incluyendo la reutilización, recirculación y disposición de aguas residuales.

Para los efectos de dicha ley, en cada una de las cuencas y sub-cuencas hidrológicas se conformará un consejo local en donde, entre otros como representantes de universidades, representantes de organizaciones y usuarios con derechos de agua, estarán integradas las cámaras empresariales.

Entre las funciones que tendrían los comités están conseguir los consensos de los usuarios y de la sociedad “en la explotación, uso y aprovechamiento racional del agua”.

La aprobación de ésta abroga la anterior Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, de fecha 13 de febrero de 1993.

Turbio, el trabajo de los diputados, denuncia Observatorio Ciudadano

El Observatorio Ambiental Ciudadano AC exigió someter a consulta pública la Ley del Agua del Estado de Oaxaca, aprobada por las comisiones unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca.

Juan José Consejo Dueñas, integrante del Observatorio, indicó que el proceso de elaboración de la ley ha sido “extraño y oscuro”, además de que – de acuerdo con el análisis realizado por este organismo de la sociedad civil – esta desfasado en cuanto a terminología, pues en el dictamen se hace referencia al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS), instancia que desapareció con la creación de la Secretaría Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semadeso).

“Hay deficiencias técnico legislativas graves, como que la ley estaría reglamentando instrumentos jurídicos federales, confunde competencias, se refiere a dependencias que ya desaparecieron e inventa términos que no existen en la realidad social ni en la legislación de Oaxaca”, indicó el Observatorio en un pronunciamiento.

Otro elemento que no se contempló, expuso Consejo Dueñas, es la consonancia con la Ley de Aguas Nacionales la cual en estos momentos “esta en suspenso” debido a que se discute la aprobación de una nueva.

El también director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO) e integrante del Foro Oaxaqueño del Agua indicó que con los antecedentes de la Ley General del Agua, la cual tuvo críticas intensas que incluso la llevaron a ser retirada del pleno en su momento, el Congreso Local debería llevar la ley estatal a un proceso de consulta.

“Una ley tan importate como la del agua, fue una demanda realizada hace mucho tiempo, nosotros mismos consideramos que habría que emitirse una ley y añadimos a la demanda que tendría que tener un espíritu eminentemente social y que tenía que ser públicamente”, expuso.

El experto en temas ambientales indicó que levanta múltiples sospechas la manera en la que la ley fue elaborada y presentada, así como la urgencia de ser aprobada cuando en el pleno la discusión está centrada en la conformación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).