Oxaca-. El dictamen con proyecto de decreto para crear la Ley de Agua del Estado, elaborado por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, dispone 50 litros del líquido diarios como dotación suficiente por persona, sin tener fundamento en algún estudio técnico.

De acuerdo con un análisis legislativo, la iniciativa establece esa cantidad, sin importar los climas cálidos de algunas regiones de la entidad y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó al resolver un amparo que se requieren entre 50 y 100 litros por persona y por día para garantizar el derecho al agua.

Contrariamente en su articulado, el dictamen con proyecto de decreto hace eco de la Constitución federal para garantizar el acceso al agua por ser un derecho humano, pero establece condiciones mínimas, bajo las cuales toda persona tiene derecho a recibir el líquido para su subsistencia.

No obstante, somete dicho derecho a la contraprestación económica a la que denomina tarifa y que divide en el pago común por la prestación del servicio de suministro de agua y el pago por incorporación.

Pues, uno de los aspectos más relevantes es el establecimiento de la facultad de los ayuntamientos de concesionar la prestación de los servicios de agua y alcantarillado a particulares.

Además, establece los parámetros que deben seguirse para el establecimiento y cálculo de las tarifas, como pago de salarios, energía eléctrica, pago de derechos a la federación y el estado, movilidad y comunicación, etcétera, pero también dispone que esta debe ser autorizada por el Congreso del Estado.

Y que en caso de no ser suficiente para cubrir los costos para la prestación del servicio, establecerá las partidas presupuestales necesarias para garantizar la operación del organismo administrador.

Por otro lado, incurre en vaguedades al confundir los términos cuando establece que el municipio será la autoridad en la materia en dicho ámbito de gobierno y que es el titular de los derechos de agua potable que les corresponden, cuando es el ayuntamiento quien funge como autoridad.

Conforme al análisis legislativo, una insuficiencia importante radica en que el proyecto de dictamen de la Ley de Aguas del Estado de Oaxaca no ofrece algún medio de defensa al particular en contra de actos de autoridad relacionados con este tema y por ende, lo deja en estado de indefensión ante los supuestos en los que pudiera ser privado de su derecho humano.