La problemática del agua en México no es por insuficiencia, sino por la gestión institucional inapropiada y poco transparente. El meollo del asunto es más político y económico, que técnico o ecológico.

En el 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció mundialmente al agua y su saneamiento como un derecho humano clave para el desarrollo individual y social. En este sentido, México siguió la medida y en el 2012 incluyó en el artículo 4 de la Constitución, el denominado Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS).

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, lo sabemos. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el 94% de los hogares cuentan con infraestructura para recibir agua dentro de sus casas o terrenos, sólo el 69% lo recibe diariamente. El resto lo dispone cada tercer día, una vez o dos por semana o de vez en cuando.

El 69% al que se refiere el INEGI es un promedio nacional que no refleja las particularidades por zona o por estado, pues del total de las viviendas urbanas que cuentan con el servicio de agua entubada, el 73.3% la recibe todos los días, mientras que para el caso de los domicilios rurales la cifra es de 54.4%.

Los datos por entidades muestran contrastes alarmantes. En Chiapas, Morelos, Baja California Sur y Guerrero, menos del 38% de los hogares que cuentan con el servicio de agua la reciben diariamente, mientras que en Nuevo León, Yucatán y Baja California las estadísticas son mayores al 98%.

A pesar de que las ciudades tienen mayor cobertura y disponibilidad de agua que las áreas rurales, existen desigualdades hídricas urbanas, como lo reportó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: en zonas populares como Iztapalapa o Tlalpan, el consumo promedio por persona se ha registrado de 28 y 67 litros de agua al día, mientras que en sectores de mayores ingresos, la media es de 800 y 1,000 litros.

Por otro lado, alrededor de 5.7 millones de personas se abastecen de agua por medio de pipas, pozos, ríos, lagos, arroyos u otras formas no convencionales. El 11.9% de las casas rurales la consiguen de esa forma, mientras que sólo el 2.7% de las viviendas urbanas usa esos medios. Esto genera un riesgo para la salud de la población a causa de la contaminación de las aguas y también representa gastos significativos para las familias.

Debido a los problemas de desigualdad en torno al abastecimiento domiciliar, un estudio de la American Association for the Advancement of Science posicionó a México como el cuarto país a nivel mundial con más personas viviendo una severa escasez de agua durante el transcurso del año. A pesar que a nivel global México se considere también como una nación con baja disponibilidad de agua, existe suficiente líquido para los hogares del país, pues del total de agua consumida en la nación, alrededor del 2.2% es usada por las viviendas, el resto es utilizado para las actividades productivas y espacios públicos como parques e instituciones gubernamentales.

En el país se privilegia el abasto a las grandes empresas y a los fraccionamientos donde vive la gente más rica, debido a la corrupción y a la captura política que existe en las decisiones gubernamentales en temas de la gestión y distribución del agua. Este panorama favorece la mercantilización y privatización del líquido vital, dejando a un lado la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, que en diversos escenarios ha generado conflictos sociales, especialmente en zonas rurales e indígenas.

La problemática del agua en México no es por insuficiencia, sino por la gestión institucional inapropiada y poco transparente. El meollo del asunto es más político y económico, que técnico o ecológico.

Por lo tanto, es fundamental que la actual administración federal plantee cambios importantes en la gestión del agua en el país, principalmente combatiendo la corrupción e incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones trascendentes. Paralelamente, dentro de su agenda legislativa, la “Cuarta transformación” debe impulsar la aprobación de una Ley de Aguas que sea congruente y permita la instrumentación clara del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, ya que desde el 2012 en México no existe una ley que lo respalde.

Hay que recordar los fallidos intentos legislativos anteriores, durante la administración de Enrique Peña Nieto, como la llamada “Ley Korenfeld” o la “Ley Pichardo”, que se alejaban de darle prioridad al abasto humano y favorecía la privatización del líquido vital.

También es crucial que el gobierno atienda y solucione la sobreexplotación y la gran contaminación de las aguas, las enormes fugas en los sistemas hídricos (incluyendo las tomas clandestinas) y los conflictos sociales por su acceso; permita y formalice la gestión autónoma del agua en las comunidades, asegure la conservación de los ecosistemas hídricos, actualice normas ambientales y promueva la profesionalización del personal.

Asimismo, se deben establecer mecanismos adecuados de coordinación y transparencia institucional así como procesos de gobernanza multisectorial. Además, es necesario asegurar el presupuesto suficiente para la CONAGUA y los Organismos Operadores de Agua en los municipios, para que se pueda garantizar la innovación tecnológica en la distribución y saneamiento del agua, y que se realicen las inspecciones y las investigaciones necesarias para contar con información actualizada sobre el estado del patrimonio hídrico nacional.

De igual forma hay que considerar las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado a la CONAGUA en los últimos años, además de atender las respectivas del especialista de la ONU en la materia, Leo Heller, que hizo al gobierno pasado.

Todo lo anterior debe ser reflejado en el Programa Nacional Hídrico 2019-2024, que ayudará a cumplir con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el número seis (Agua limpia y saneamiento) vinculado directamente con nuestro Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Por su presencia en todos los sectores sociales y económicos, el agua debe ser la base del desarrollo del país y a la par debe servir para la construcción de una verdadera democracia y cultura de sustentabilidad, lo que finalmente se traducirá en mayor justicia y bienestar para la nación.