En una sentencia histórica, el Tribunal de Apelaciones de Botsuana ha fallado a favor de los bosquimanos garantizando el acceso al agua en la Reserva de Caza del Kalahari Central. Desde el año 2002, este pueblo, uno de los cazadores – recolectores más antiguos que todavía subsisten en el sur de África, mantiene un contencioso con el Gobierno de Botsuana por el derecho a poder disponer de sus tierras. La explotación de diamantes en la Reserva podía ser la causa última de la persecución de los bosquimanos.
La sentencia ha sido dada a conocer por Survival Indigena, organización dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, considerándola una victoria para los bosquimanos, ya que el acceso al agua es vital para su supervivencia. Esta resolución pone fin a una anterior resolución del Tribunal Supremo de 2010 que negaba el acceso a los bosquimanos a un pozo que era fundamental para la obtención de agua en una de las zonas más secas del planeta.
Esta sentencia se ha mostrado pionera por varios aspectos. El primero, al reconocer el derecho al uso de un pozo que el Gobierno, previamente, había prohíbido. Igualmente, autoriza a los bosquimanos a excavar nuevos pozos. Pero lo más importante, reside en el llamamiento que hace a las autoridades gubernamentales, criticando el “trato degradante” hacia la población indígena de la Reserva.
Los precedentes
La lucha judicial del pueblo bosquimano contra las autoridades de Botsuana dio comienzo en 2002. En ese momento, las autoridades gubernamentales decidieron la expulsión de las comunidades indígenas que habitaban en la Reserva de Caza del Kalahari Central, alegando motivos conservacionistas, la protección de la fauna. Esta reserva, situada en el centro del país, había sido creada con el objetivo de proteger estos territorios, donde habitaban cinco mil bosquimanos, y su caza.
Tras la expulsión, los bosquimanos fueron reasentados en otras zonas en. Se iniciaba así un largo pleito entre indígenas y Gobierno. En 2006, los bosquimanos obtuvieron una sentencia favorable que declaraba su expulsión como ilegal e inconstitucional. En ese momento, grupos de bosquimanos regresaron a sus territorios ancestrales. Sin embargo, el Gobierno de Botsuana, lejos de acatar el ordenamiento jurídico, decidió adoptar diversos métodos ilegales para alejar a los bosquimanos de sus tierras.
El hostigamiento del Gobierno de Botsuana
La actitud gubernamental, pese a los dictados judiciales, es tratar de impedir que los bosquimanos regresen a sus hogares. Durante las expulsiones se selló un pozo de agua fundamental para la subsistencia de las poblaciones indígenas. Este pozo se explotaba con ayuda de los recursos oficiales, incluyendo un camión cisterna que distribuía el agua a comunidades cercanas. Sin embargo, el Gobierno ha impedido su explotación. Esto supone cerrar el principal recurso hídrico de la población bosquimana.
Otro recurso amenazado es el de la caza. El Gobierno se niega a conceder más permisos de caza, e incluso ha detenido a 50 indígenas por caza ilegal en la reserva. También prohíbe el pasto de pequeños rebaños de cabras. Lo irónico es que mientras se toman estas medidas restrictivas, el Gobierno ha aprobado la excavación de nuevos pozos de agua para la fauna salvaje de la reserva, la construcción de una instalación de lujo con piscina para realizar safaris, o la explotación de una mina de diamantes.
La lucha judicial de los bosquimanos
La victoria de los bosquimanos en los tribunales en 2006 tras no supuso la garantía del cumplimiento de los derechos indígenas en Botsuana. Situación que ha generado las airadas protestas tanto de organizaciones civiles, como Survival Indigena, como de altos organismos, como las Naciones Unidas. El Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, condenaba esta persecución, asegurando que la actitud gubernamental se desviaba de las normas internacionales sobre derechos humanos.
Los bosquimanos decidieron de nuevo acurdir a los tribunales para refrendar su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el Tribunal Supremo les negó este derecho, afirmando que ellos mismos eran culpables de sus “incomodidas”. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones ha confirmado su razón.
Diamantes y agua
El interés del Gobierno, según Survival, parece residir en la probabilidad de extracción de diamantes en la reserva. De este modo, mediante la expulsión de los habitantes originarios de estos territorios, se facilitaría que empresas como Gem Diamonds exploten los recursos de la zona sin oposición ninguna. Desde el Gobierno, se defienden asegurando que la zona es escasamente rentable en cuanto a la explotación de diamantes. Sin embargo, la reciente autorización a Gem Diamonds para explotar una mina para contradecir esta afirmación.
La reciente sentencia vuelve a dar la razón a los indígenas y denuncian la situación generada por un Gobierno, más preocupado en atender demandas de grandes empresas que en satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de sus territorios.
