Los ayuntamientos consideran que la Ley de Aguas recorta la "autonomía" de los consistorios, porque crea más y nuevo impuestos sobre el agua que recaudan los municipios pero que gestiona la Junta y porque puede subir la factura del agua hasta un 400% de media general.

El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, anunció ayer que un total de 112 ayuntamientos andaluces han registrado en el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía local cuyo objetivo es que la Ley de Aguas de Andalucía sea declarada inconstitucional por menoscabar el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local. La mayoría son del PP aunque hay alguno de IU , del PA y del PSOE.

Sanz señaló que la ley obliga a los ayuntamientos a cobrar impuestos para hacer frente a gastos de la Junta de Andalucía sin otorgarles capacidad de gestión o control. Afirmó que, por tanto, "se da vía libre a la Junta de Andalucía a gastar lo que quiera, por ejemplo en mantener la macroestructura ineficaz de la Agencia Andaluza del Agua sin asumir la responsabilidad de cobrar impuestos a los ciudadanos".

El dirigente popular explicó la posición contraria a la creación de nuevos cánones a través de la Ley de Aguas, lo que significa una importante subida de impuestos a las familias y a sectores estratégicos como el turismo y la agricultura, que se verán gravemente afectados.

Agregó que la ley crea nuevas figuras impositivas con una "clara obsesión recaudatoria", de forma que el pago por agua de una familia puede incrementarse una media de un 400 por cien.

Por si fuera poco hay dudas sobre la legalidad de la propia Ley tras una tramitación tumultuosa en la que se produjo el incidente de que el PSOE equivocó su voto bajo la batuta del portavoz parlamentario Mario López y votó a favor de las propuestas del PP. Ello obligó a una segunda tramitación. 

El Consejo Consultivo de Andalucía rechazó un recurso de 113 ayuntamientos andaluces, pero recogió un voto particular de dos consejeros que consideraban que numerosos aspectos del texto vulneran la Constitución y la autonomía local. Por ello un total de 112 ayuntamientos registraron el pasado viernes un recurso ante el TC, al considerar que la norma vulnera la Constitución por cuanto menoscaba la «autonomía» de los municipios e impone a los ayuntamientos nuevos impuestos. 

La Ley introduce cuatro nuevos cánones que, según el PP, elevarán la factura del agua un 400% cuando entre en vigor el próximo mes de mayo.

a)un canon de mejora de infraestructuras de interés de la comunidad
b)un canon de regulación y tarifa de utilización de aguas
c)un canon de infraestructuras de competencia de los municipios
d) un canon sobre servicios generales que quiere financiar la estructura administrativa de la Agencia del Agua. 

También hay municipios gobernados por la izquierda y los andalucistas entre los recurrentes. Uno del PSOE, el de Posadas. El malagueño de Almargen, también en manos socialistas, votó en principio a favor del recurso y luego reculó. Gobernados por IU, como Valenzuela, Mengíbar y Jódar, también han recurrido; Y por el PA, como Marchena.; También lo ha hecho el independiente Bormujos.