El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de La Rioja contra la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón referida a la reserva del caudal hídrico del Ebro, que fija una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para satisfacer las demandas de los aragoneses.

La consejera socialista, en declaraciones a los medios en las Cortes de Aragón, ha estimado que la sentencia "da la razón a Aragón" en cuanto a la "defensa del agua y del Ebro".

Pero no la han recibido con sorpresa, ha dicho, porque el Estatuto "ya atendía lo que la Constitución dice" y, además, es respetuoso con la unidad de cuenca del Ebro y también con el resto de comunidades que atraviesa el río.

El fallo del alto tribunal, ha agregado, viene en un "momento oportuno", después de que en las sesiones de investidura de Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia se haya reivindicado el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar, que incluía un trasvase del Ebro de 1.050 hectómetros cúbicos, y cuando el PP va a gobernar en Aragón, con Luisa Fernanda Rudi como presidenta.

El Alto Tribunal declara en la sentencia que este apartado no es inconstitucional "siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado".

A este respecto, Almunia se ha limitado a repetir que la sentencia se demuestra que en Aragón se han hecho bien las cosas y que nada de lo que se aprobó en el Estatuto es inconstitucional.

La sentencia "le quita la razón a la Rioja" y es diferente a otras sentencias sobre otros Estatutos, "donde decían que el río era suyo", ha recordado Eva Almunia.

Significa, ha añadido, que ante cualquier amenaza de trasvase los aragoneses tienen una ley, que se ha reconocido constitucional, y que los políticos deben seguir defendiendo.

Almunia ha restado importancia al voto particular de Luis Ignacio Ortega Álvarez, que comparte el sentido del fallo y la argumentación jurídica salvo en la parte que declara constitucional la disposición adicional quinta por entender que hay una contradicción.

Además, ha insistido que Aragón siempre ha defendido la unidad de cuenca, y que el Tribunal Constitucional no le hubiera dado la razón "si no lo hubiera hecho".

Lo que el Gobierno de Aragón quiere, en definitiva, es "tener una mayor implicación dentro de la gestión de las aguas del Ebro", y eso supone seguir reclamando la gestión de la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos, "porque lo dice el Estatuto y eso está por encima de otras posiciones políticas". EFE