Uno de los sectores que cambiaron, y mucho, en los últimos años es el de los prestadores de servicios de agua potable y cloacas. Después de la ola privatizadora de los años 90, en la última década los servicios volvieron mayoritariamente a manos de los estados. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el servicio lo tomó Aguas Bonaerenses (ABSA) y en la Capital Federal y en 17 distritos del conurbano bonaerense, AySA. Así se convirtieron en las dos distribuidoras más grandes del país. El gobierno bonaerense autorizó en marzo de 2009 ciertos ajustes en ABSA y se puso en marcha una tarifa social para los que no pudieran hacer frente al nuevo esquema tarifario. En algunos casos, el aumento llegó al 100% del valor anterior.

En AySA, que está manejada por la regulación nacional, no sucedió nada de esto. Las facturas se mantuvieron congeladas por más de 10 años y los costos crecieron. Así, AySA se convirtió en una empresa que tiene un déficit que superó los $ 2200 millones de auxilio fiscal en los primeros nueve meses del año.

En Córdoba, por ejemplo, se mantuvo desde 1997 la concesión privada, que está en mano de Aguas Cordobesas, una empresa del grupo Roggio. En la actualidad, la empresa sirve a 1,4 millones de habitantes.

En 2008, el gobierno cordobés puso en marcha un mecanismo de revisiones periódicas. ¿Cómo se hizo? Se conformó la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios, integrada por tres representantes designados por el gobierno provincial y dos por la concesionaria.

Revisión tarifaria
El mecanismo se pone en vigencia cada seis meses o cuando se haya verificado una variación de precios de 8% desde el último periodo analizado, lo que ocurra primero. Luego, cualquier decisión que se adopte se somete al sistema de audiencias públicas en el que participan los usuarios.

Desde que se puso en marcha, hubo varios aumentos. Por ejemplo, el período que va de marzo de 2010 a enero de 2011 tuvo un ajuste de 18,01%. Ahora está en estudio la revisión que va desde enero hasta septiembre pasado.